El Ministerio Público debe de guiar su accionar en una serie de elementos, desde su Ley Orgánica, hasta una serie de políticas públicas y planes internos. Entre todos esos instrumentos hay uno en particular que reviste mucha importancia, la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala. Esta política dirigida por el Ministerio Público -MP- está dirigida a disminuir la criminalidad y violencia social, implementando estrategias de prevención, investigación y sanción. Los objetivos de la misma son: a) disminuir los índices de criminalidad y violencia social, b) garantizar la protección de los derechos de las víctimas y los testigos, c) promover la convivencia social armónica, d) fomentar el desarrollo integral de la sociedad y e) fortalecer la institucionalidad democrática.
Es evidente y muy claro para la sociedad que, el fin y los objetivos de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala no sólo no se cumple, sino en la práctica el Ministerio Público impulsa una política de persecución penal espuria contra todos los actores que luchan por construir una sociedad democrática, con garantía de derechos humanos y libre de la corrupción, violencia e impunidad.
Este MP conducido por la señora Consuelo Porras y acompañada por un equipo que simula una estructura criminal ha realizado todas las acciones contrarias a los objetivos de dicha política. Una simple revisión de datos demuestra que el MP no disminuye los índices de criminalidad, más bien los ha aumentado; se ha prestado a la desprotección absoluta de víctimas y testigos clave. También con su actuar ha promovido la zozobra y ha liderado un intento de golpe a la democracia y al orden constitucional al pretender violentar la voluntad popular.
A menos de un año de dejar el cargo, ella y su gavilla criminal, ha profundizado la criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores y operadoras de justicia, miembros del Movimiento Semilla, del Tribunal Supremo Electoral -TSE-, autoridades indígenas. Todo ello, mientras deja en la mayor indefensión a la población que vive víctima de la criminalidad. Prácticamente esta gestión del MP, no sólo es la mayor muestra de la mediocridad, sino además del inagotable deseo de corrupción y de beneficiar a quienes se han dedicado a saquear los recursos del Estado guatemalteco.
Tan sólo este año, se debe adicionar a la larga lista de personas criminalizadas, al periodista Jose Rubén Zamora, Stuardo Campo, Jorge Santos Nils, Eduardo Masaya, Ligia Hernández, Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Además esa mediocridad ha puesto al país en zozobra y en vergüenza internacional al perseguir a Iván Velásquez, embajador colombiano en el Vaticano y a Luz Adriana Camargo Fiscal General de Colombia, más 25 exfiscales que lideraron las grandes investigaciones de corrupción e impunidad contra estructuras criminales enquistadas en las instituciones públicas del Estado.
De esa cuenta, es que no se puede hablar de una política criminal democrática, sino más bien de una política impulsada por criminales que hoy mantienen el Ministerio Público cooptado. A menos de un año, la población debe de seguir luchando por su democracia y por sanear nuestras instituciones públicas.
