Las imágenes de un vehículo con placas guatemaltecas, que fue utilizado para trasladar a la abogada y defensora de derechos humanos salvadoreña Ruth López, desde un juzgado penal hasta un centro de detención, en una maniobra que fue denunciada por organizaciones defensoras de derechos humanos, al no haberse empleado un vehículo oficial del Estado, genera dudas en El Salvador.
La detención de la salvadoreña se ocurrió hace poco más de dos semanas en El Salvador.
La Fiscalía de El Salvador —controlada por el oficialismo del presidente Nayib Bukele— anunció el pasado 19 de mayo la detención de López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, la principal organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en el país. La señalan del delito de peculado por supuestamente colaborar en la sustracción de fondos públicos durante el periodo en que se desempeñó como asesora del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas.
VEHÍCULO CON PLACAS GUATEMALTECAS
López compareció el miércoles último ante un juez, quien modificó la acusación inicial de peculado por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, a solicitud de la Fiscalía, el juzgado decretó la reserva del caso, lo que impide que cualquier información relacionada con el proceso sea conocida por personas ajenas, incluida la prensa.
«Soy una presa política. Todas mis imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno”, exclamó a gritos López, tras permanecer más de cuatro horas en audiencia. Salió custodiada por un fuerte despliegue policial, mientras los agentes impedían que los periodistas se le acercaran y bloqueaban el acceso de las cámaras.
López fue conducida en un vehículo tipo pick-up, de color gris y con placas guatemaltecas, un detalle que generó dudas e interrogantes en redes sociales, especialmente entre defensores de derechos humanos. El diario EL PAÍS reveló que el vehículo, con matrícula P0514JNW, está registrado a nombre de «Edgar Manolo Ruano Pineda», a quien identificaron como «un proveedor de granos básicos sin ningún vínculo conocido con las autoridades salvadoreñas».
Su abogado defensor, Pedro Cruz, calificó como una «aberración jurídica» la decisión del Juzgado Décimo Segundo de Paz de enviar a López a una cárcel al menos seis meses más, mientras el caso avanza a la fase de acusación. Además, cuestionó los argumentos de la Fiscalía para pedir su procesamiento, y calificó la reserva total del proceso como «ridícula».
«No debería tener reserva el caso (…) Opino que tienen miedo a que se sepa lo ridículo que han presentado y quedar ante la faz de la nación como un ministerio público incompetente y que arma tamales en contra de ciudadanos y no procesos», declaró el jurista a medios locales de El Salvador.
El pasado 19 de mayo, la Fiscalía salvadoreña afirmó, a través de su cuenta en X, que López «colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado». Sin embargo, no ofreció detalles sobre cómo, cuándo ni de qué forma habría ocurrido esa supuesta participación durante su etapa como funcionaria pública durante el Gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
¿QUIÉN ES RUTH LÓPEZ?
López ha sido una figura clave en la presentación de demandas de inconstitucionalidad, en la elaboración de informes sobre transparencia, así como en la entrega de denuncias ante la Fiscalía para que investigue el uso irregular de fondos públicos del Gobierno de Bukele. También ha participado en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que se ha abordado la situación de El Salvador.
En octubre pasado, López formó parte del equipo que solicitó a la Fiscalía investigar presuntas irregularidades en la entrega de un bono de 300 dólares, otorgado por la administración de Bukele durante la pandemia del COVID-19, que habría representado un desembolso total de 513 millones de dólares.
Cristosal, la organización en la que López dirige la Unidad de Anticorrupción y Justicia, es una de las principales entidades humanitarias de El Salvador. Ha documentado miles de denuncias por violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2021. Entre las acusaciones recopiladas se incluyen torturas, detenciones arbitrarias y otras prácticas represivas.
La organización, por medio de comunicados, denunció la captura de López Alfaro y afirmó que este «no es un hecho aislado», sino que en realidad forma parte de una estrategia sistemática de criminalización contra personas que defienden los derechos humanos, impulsada por el gobierno de Bukele.
