POR SAIRA RAMOS
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En medio de la expectativa por la aprobación de la iniciativa de ley nacional de la juventud, un grupo de jóvenes de más de 52 organizaciones juveniles demandó al Congreso la aprobación y redacción final del proyecto que incluye el acceso a la educación sexual y un incremento al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Los jóvenes que se acompañaron por los diputados de Convergencia exigieron que el Legislativo dé luz verde al acceso a los anticonceptivos modernos que evitarán los 71 mil embarazos registrados en 2015, en mujeres entre los 15 y 19 años, así como los 5 mil 600 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años.
Según Sugly Velásquez, de la organización Osar Juvenil, la iniciativa en discusión beneficiará al 70 por ciento de la población guatemalteca, ya que garantiza el derecho a la vida, al desarrollo integral de sus facultades físicas, psicológicas, intelectivas, culturales, sociales, espirituales y el acceso a la salud integral y diferenciada -incluyendo educación sexual integral-.
Además, da la libertad que los jóvenes participen y se organicen; tengan acceso a un trabajo, seguridad social, a la justa y a la capacitación en busca de evitar la explotación económica; así como el acceso a la cobertura de servicios estatales de calidad en salud, educación y rehabilitación para los jóvenes discapacitados.
La mencionada propuesta y sus enmiendas, a criterio de Velásquez y Esther Barajas de GO Jóvenes Guatemala, no hablan de métodos abortivos, ni promueven la falta de autodominio, la promiscuidad y la violencia sexual como lo resalta la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), en un comunicado emitido ayer.
La diputada Sandra Morán y las activistas afirman que la iniciativa de ley nacional de la juventud busca mejoras a la población juvenil con la creación de un Consejo Nacional de la Juventud que se sostendrá con un «leve incremento» al ISR para los que distribuyen dividendos, ganancias y utilidades por más de Q200 mil.
INICIATIVA ES ENVIADA A COMISIÓN
Con 123 votos los diputados aprobaron en la sesión plenaria de esta tarde la moción privilegiada que envió la iniciativa de ley a una Comisión específica que presidirá la congresista Alejandra Carrillo, del Partido Patriota (PP). Esa sala deberá emitir sus observaciones en 30 días.
