La guerra comercial que el presidente Donald Trump inició el pasado 2 de abril continúa generando efectos y tensiones a escala global. Lo que comenzó como una estrategia para proteger a la industria estadounidense frente a la competencia extranjera, especialmente de China, se ha convertido en una política comercial agresiva que reconfigura las relaciones diplomáticas, perturba las cadenas de suministro y provoca respuestas inmediatas de todos, tanto los socios como los competidores comerciales.
Hoy, a pesar de una decisión reciente del Tribunal Federal de Comercio Internacional que dictaminó que el presidente estadounidense no cuenta con autoridad legal para imponer determinados aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, invocada como fundamento legal, la incertidumbre generada por las cambiantes y arbitrarias decisiones presidenciales no desaparece.
Trump fundamenta gran parte de sus medidas arancelarias en una ley promulgada hace casi 50 años. Esta legislación otorga al presidente facultades para restringir transacciones económicas en el contexto de una emergencia nacional, siempre que se trate de una amenaza externa, extraordinaria y comprobable.
Trump declaró una emergencia con el argumento de que ciertas importaciones representan una verdadera amenaza a la economía y la seguridad nacional, y en ese supuesto normativo decidió imponer una serie de agresivos aranceles, así como sancionar a empresas extranjeras y modificar el comercio bilateral sin la autorización del Congreso, quien según la constitución es quien tiene la facultad de imponer impuestos y gravámenes.
El Tribunal Federal de Comercio Internacional determinó el pasado miércoles que este uso de la IEEPA excede el propósito original de la ley. El fallo afirma que el presidente está utilizando la declaración de emergencia no para responder a una amenaza puntual o extraordinaria, sino como mecanismo para ejecutar una política comercial amplia sin consultar al Legislativo. Evidentemente esto representa una extralimitación del poder ejecutivo. Así la corte en su decisión establece un precedente legal importante, la política arancelaria no puede construirse a través de emergencias decretadas unilateralmente, sin el respaldo de los procedimientos legales regulares.
A pesar de este revés judicial para la política comercial de Trump, la atmósfera global de incertidumbre se sigue manteniendo. En primer lugar, porque la política proteccionista de Donald Trump transforma la percepción mundial sobre el papel de Estados Unidos como líder del comercio global libre y predecible. Las empresas siguen evaluando con cautela sus inversiones y acuerdos con un país que, bajo el argumento de seguridad nacional, puede imponer barreras arancelarias arbitrariamente y sin previo aviso.
Segundo, porque el fallo del tribunal no implica la revocación automática de los aranceles ya establecidos, sino que le concede al gobierno diez días para modificar lo conducente. Además, el gobierno puede apelar, cosa que ya hizo y mientras tanto, las medidas arancelarias continúan en vigor generando una aún mayor incertidumbre.
Asimismo, la actual administración ha adoptado una postura ambigua. Aunque hay señales de distensión con ciertos aliados comerciales, muchas de las medidas impuestas durante el gobierno de Trump permanecen activas, especialmente las dirigidas contra China. Argumentos como la protección de tecnologías estratégicas y el combate a prácticas desleales siguen justificando la continuidad de restricciones. En la práctica, esto significa que el enfoque proteccionista no desaparece, sino que se transforma, lo cual mantiene viva la incertidumbre.
El impacto internacional también persiste. Algunos países celebran la resolución judicial como una reivindicación del multilateralismo y del orden legal, pero no relajan del todo sus nuevas estrategias comerciales. Muchos gobiernos refuerzan su tendencia a diversificar mercados y reducir su dependencia de Estados Unidos, lo que modifica el equilibrio comercial global y redefine alianzas estratégicas.
En el interior del país, los efectos económicos se sienten con fuerza. Agricultores, fabricantes y exportadores continúan enfrentando las consecuencias de las represalias que otros países imponen en respuesta a los aranceles estadounidenses.
Aunque el gobierno federal otorga subsidios temporales, muchas empresas no logran recuperarse plenamente. Al mismo tiempo, los consumidores ya comienzan a ver cómo están aumentando los precios de prácticamente todos los productos, los extranjeros importados directamente o bien aquellos otros que integran a elementos foráneos debido a los aranceles, lo que genera presiones inflacionarias en prácticamente todos los sectores de la economía estadounidense.
El fallo del tribunal reabre un debate importante sobre los límites del poder presidencial en materia comercial. Los legisladores de ambos partidos deberían asumir sus facultades constitucionales, así como proponer reformas a la IEEPA con el fin de delimitar con mayor claridad los casos en que puede usarse esta ley.
El objetivo es evitar que futuras administraciones invoquen emergencias ficticias para tomar decisiones de gran impacto sin consultar al Congreso. Esta discusión cobra fuerza a medida que se acercan nuevas rondas de negociaciones comerciales y se definen posturas estratégicas frente a potencias como China y la Unión Europea y sus extraordinariamente importantes socios comerciales y vecinos, México y Canadá.
En resumen, la guerra comercial iniciada el 2 de abril de 2025 por Donald Trump no constituye un episodio cerrado. La reciente decisión del Tribunal Federal de Comercio Internacional establece un freno legal importante, pero no resuelve por completo las consecuencias económicas ni jurídicas del proteccionismo unilateral.
El panorama comercial global sigue marcado por la desconfianza, y la política comercial de Estados Unidos continúa en evolución. Solo una reforma legislativa clara, acompañada de una estrategia coherente y multilateral, puede cerrar este negro capítulo y ofrecer un marco de certeza para regresar y fortalecer el libre comercio internacional basado en reglas, único mecanismo para asegurar a la humanidad un mundo futuro de paz y bienestar.
