POR KIMBERLY LÓPEZ
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La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) se manifestó a través de un comunicado, para indicar que la denominada “educación integral y científica” que actualmente promueven diversas organizaciones –recurrentemente financiadas con recursos de organizaciones internacionales- se reduce a la genitalidad, promoviendo así la falta de autodominio, la promiscuidad y eventualmente la violencia sexual.
Este pronunciamiento surge en el marco de la discusión que se lleva a cabo en el Congreso de la República para la aprobación de la iniciativa de Ley de la Juventud.
En el comunicado, la Iglesia en la discusión de la iniciativa mencionada hace evidente el “interés que tienen en impulsar agendas propias e ideologías de organismos internacionales, hecho que atenta nuestra soberanía”.
Asimismo, aseguran que la garantía del acceso a educación integral en “sexualidad con enfoque científico, de género, derechos humanos y laica”, vulnera en diferentes aspectos.
“La experiencia demuestra que en los países donde se ha implementado este tipo de educación sexual con el fin de disminuir embarazos adolescentes, contagios de enfermedades de transmisión sexual, ha tenido efectos contraproducentes”, explica el documento.
De la misma forma, también expresaron su preocupación ante la propuesta de “garantizar el acceso a métodos modernos anticonceptivos y de planificación familiar; acompañado de consejería especializada”. Según el pronunciamiento, esta idea presenta una serie de inconvenientes éticos.
Entre los que destacaron, el hecho de que se “vulnera la protección de la vida del no nacido”. Asimismo, declararon que esto “expone a la juventud a grandes riesgos físicos, psicológicos, morales y espirituales, pues alientan al libertinaje sexual, la violencia contra la mujer, la irresponsabilidad y el contagio de enfermedades de transmisión sexual”.
En su parte conclusiva, el documento cuestionaba el pedir garantías al Estado en un área que es parte de “un ámbito ligado íntimamente a decisiones personales y responsables”. E invitaba a los diputados “a legislar en beneficio de las garantías constitucionales: derecho a la vida, integridad y seguridad de la persona”.
Finalmente, el comunicado afirmaba que dichas enmiendas a la ley “no representan demandas de los jóvenes guatemaltecos, al menos no de los cristianos”.
