POR MARIELA CASTAÑÓN
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Entre enero de 2012 y diciembre de 2015 murieron violentamente 20 mil 182 personas, pero en ese mismo periodo, únicamente se emitieron 2 mil 579 sentencias: 1 mil 612 por asesinato y 967 por homicidio. En la administración de Otto Pérez Molina la violencia y la impunidad persistieron, y se heredaron a la gestión Jimmy Morales, quien aún no explica claramente la política que implementará en seguridad.
La gestión del ahora privado de libertad, Otto Pérez Molina, concluyó con 20 mil 182 muertes violentas. En enero del 2016 murieron 375 personas y el 14 de enero asumió Jimmy Morales el poder. Pérez Molina aseguró en su campaña de «mano dura» que contrarrestaría la ola de violencia, sin embargo, los delitos contra la vida continuaron.
Este 2016 inició sin rumbo claro sobre el futuro de la seguridad, pues el nuevo jefe de Estado, Jimmy Morales, ha guardado silencio sobre las estrategias que pretende impulsar para prevenir y reducir los homicidios.
LA VÍCTIMA NÚMERO 105
En el primer mes del año 2016, la Policía Nacional Civil (PNC) cuantificó varias muertes, una de ellas fue la de Eduardo Alfredo Ruano Lorenzo, de 32 años, quien el 7 de enero se convirtió en la víctima mortal número 105.
Ruano Lorenzo laboraba en un bus de la ruta 36 e iniciaba su jornada laboral cuando fue asesinado por delincuentes.
Según Ana Patricia Lorenzo, madre del conductor, él era padre de cuatro hijos que oscilan entre los 4 meses y 14 años.
La entrevistada recuerda a su hijo como un hombre trabajador, que inició a laborar en los buses a corta edad.
«Fue un muchacho muy trabajador, se esforzaba por darle todo a sus hijos. Él empezó a trabajar a los 11 años, barría y lavaba camionetas, después empezó a aprender mecánica y a los 16 años empezó a manejar. Yo firmé para que le dieran su licencia juvenil», dice Lorenzo.
Relata que el conductor la apoyó moral y económicamente desde que era un adolescente.
La familia Ruano Lorenzo lamentó la respuesta del Estado para prevenir el delito y aplicar la justicia. El piloto murió a dos cuadras de la estación policial ubicada en la colonia Bethania, mientras que hasta hoy el Ministerio Publico (MP) no se ha acercado para conocer detalles sobre el entorno de vida del trabajador de los buses.
«Las autoridades se acercan cuando las personas ya están muertas y el MP que mejor ni venga, hasta hoy no han preguntado nada; ellos únicamente investigan cuando se muere una persona de dinero», refieren.
Esta familia, al igual que miles de personas en el país, espera la justicia divina, pues dudan en la respuesta de las instituciones estatales para esclarecer los crímenes.
MUERTES VIOLENTAS Y SENTENCIAS
Según la PNC, entre enero de 2012 y enero de 2016 murieron 20 mil 557 personas por heridas de arma de fuego, arma blanca, artefacto explosivo, estrangulamiento y linchamiento. (Lea el recuadro Muertes violentas).
Mientras que el Organismo Judicial (OJ) emitió un total de 1 mil 612 sentencias por asesinato y 967 por homicidio en el periodo de 2012 a 2015. (Lea los recuadros Sentencias por asesinato y sentencias por homicidio).
Las muertes violentas que registra la PNC ingresan regularmente por diferentes delitos, según la caracterización del hecho ilícito. (Lea el recuadro Tipificación de delitos).
¿QUÉ DICE GOBERNACIÓN?
Francisco Rivas, ministro de Gobernación, fue consultado recientemente por los hechos de violencia y por las acciones previstas para contrarrestar la violencia homicida en el país. El funcionario dijo que implementarán una política integral de Estado.
«Vamos a desarrollar programas especiales partiendo de una política integral de Estado en materia de prevención criminal, recolectando -la información- en áreas estratégicas donde existe mayor incidencia criminal, no solo desde el Ministerio de Gobernación, sino de otros Ministerios, con el fin de generar cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población», indicó Rivas.
El titular de la cartera del Interior detalló que fortalecerá el trabajo policial para continuar trabajando con el MP.
«En el tema de investigación, vamos a fortalecer el trabajo que se ha venido desarrollando en la PNC en coordinación con el MP, a efecto de perseguir penalmente y poner a disposición de los Tribunales de Justicia a todos los miembros que forman parte de las estructuras criminales que más afectan la seguridad y la convivencia de los guatemaltecos. Existen grupos de trabajo coordinados interinstitucionalmente, políticas que se mantienen y se deben fortalecer», indicó.
¿QUÉ DICE EL OJ?
Por otro lado, fue consultado Ángel Pineda, vocero del OJ, sobre la cantidad de sentencias alcanzadas en los últimos años, las cuales contrastan con el número de muertes violentas. El entrevistado destacó que esto podría estar relacionado a que no todos los casos ingresaron al sistema de justicia.
«Hay casos que se llevan a proceso en virtud de una denuncia que presente el MP, depende de esa labor investigativa que haga, sin embargo, habría que ver qué estadísticas presentó en cuanto a estos casos, por supuesto habrá una diferencia entre las denuncias presentadas y las sentencias emitidas. Si algunas investigaciones están sujetas a proceso o todavía tienen alguna circunstancia que puedan estar dentro del proceso que los detiene», explicó Pineda.
El portavoz agregó que el déficit presupuestario continúa representando un desafío para funcionar, porque regularmente solo se logra pagar a los trabajadores, pero es difícil abrir más juzgados que permitan resolver todos los casos que se presentan.
¿COLAPSO DE INSTITUCIONES?
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), lamentó el colapso de las instituciones de seguridad y justicia, así como la falta de voluntad para atender los casos.
«Las instituciones están colapsadas y sin capacidad, aunque también hay falta de voluntad, muchas veces, para esclarecer los crímenes, es más cómodo y más fácil archivar los casos y cerrarlos, a iniciar un proceso de investigación real. En Guatemala no hace falta solo disminuir el número de casos de violencia, sino hacer que más instituciones funcionen adecuadamente», refirió Polanco.
El director del GAM argumentó que el OJ es uno de los entes que debe mejorar para aplicar la justicia adecuadamente, pues consideró que la corrupción es uno de los factores que afecta.
«Hay que reconocer que el trabajo del MP ha mejorado con la administración de Thelma Aldana, que ha establecido mecanismos de cooperación estrecha con la PNC y creo que sí se han sentado las bases para combatir la inseguridad. Considero que quien se está quedando un poco atrasado y debe mejorar es el OJ, porque vemos a jueces que todavía dejan en libertad a personas responsables de un delito y eso genera un mal precedente. Es necesario que se procese a jueces que han incurrido en corrupción», indicó.
El profesional concluyó en la necesidad de fiscalizar los recursos que se otorgan a cada institución, aunque también reiteró la importancia de que el dinero llegue en el momento que se necesita.
TIPIFICACIÓN DE DELITOS
Asesinato
De acuerdo con el artículo 132, del Código Penal, comete asesinato quien matare a una persona:
1. Con alevosía.
2. Por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro.
3. Por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda proporcionar gran estrago.
4. Con premeditación conocida.
5. Con ensañamiento.
6. Con impulso de perversidad brutal.
7. Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible.
8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.
Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años; sin embargo, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo o los móviles determinantes se revelare una mayor particular peligrosidad del agente.
A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa.
Homicidio
Según el artículo 123 del Código Penal, Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años.
