Director interino de Anadie explica propuesta de reforma a Ley de las Alianzas Público-Privadas

El Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, promueve reformas a la ley de las alianzas público-privadas, conocida como la Ley de Anadie, con el objetivo de atraer mayor inversión al país.

La cartera de Finanzas refiere que esta iniciativa la impulsa Menkos en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie).

Se trata de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto Número 16-2010, la cual fue aprobada para impulsar el desarrollo con la participación de los sectores público y privado como aliados en proyectos de inversión.

Esta normativa no ha sido actualizada desde que entró en vigencia, por lo cual se busca modificarla para las necesidades actuales del país.

La iniciativa tiene como objetivo modernizar el marco legal que regula las Alianzas Público-Privadas (APP) en Guatemala, para alinearlo con estándares internacionales, fortalecer la institucionalidad y atraer mayor inversión del sector privado.

Para conocer cuáles son las principales modificaciones a realizar, la cartera de Finanzas compartió las declaraciones de Kevyn Valencia, director ejecutivo interino de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).

Valencia indicó que “la importancia de las reformas también radica en la asignación de un financiamiento significativo para la etapa de preinversión de los proyectos, así como para los rubros destinados a contingencias y seguros. Esto garantiza la continuidad de los proyectos y protege las inversiones realizadas por el participante privado”.

Asimismo, dijo que “otro aspecto fundamental de las reformas es la incorporación de nuevos sectores de infraestructura dentro del modelo de APP, como educación, salud y agua. De esta manera, la Anadie podrá estructurar proyectos en estos sectores, con la condición de que sí incluyen la prestación del servicio público, deberán ser sometidos para aprobación del Congreso de la República; si no incluyen dicho servicio, será el Conadie quien los apruebe”.

En ese sentido, destacó que el Congreso jugará un papel importante en el proceso de aprobación de los proyectos de Alianzas Público-Privadas, ya que, con la reforma, deberá conocer y aprobar en un solo acto aquellos proyectos que impliquen reconocimiento de deuda.

Preciso que “se contemplan nuevos procesos para la aprobación contractual, ampliando las facultades del Conadie para aprobar contratos, y reconociendo la facultad que tienen las municipalidades, en el marco de su autonomía, para aprobar los contratos a través de su órgano superior antes de su remisión al Conadie”.

Además, Valencia refiere que, “se abordan nuevas clasificaciones por tipología de proyectos, estandarizándose y actualizándose con parámetros internacionales. Esto incluye los denominados proyectos «Greenfield», «Brownfield» y «Yellowfield», que corresponden, en su orden, a proyectos relacionados con el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de infraestructura nueva.

También incluye proyectos ya construidos que requieren rehabilitación, construcciones complementarias o nuevas, operación y mantenimiento; y finalmente, proyectos de APP en los que, tras la fase de reversión, se decide realizar renovaciones significativas.

TRANSPARENCIA

En cuanto a la transparencia, se destaca que los nuevos procedimientos establecidos para la estructuración y aprobación de proyectos deberán regirse por los principios que contempla la Ley de Anadie.

Por ello, a través de herramientas electrónicas e innovadoras, se buscará asegurar una adecuada planificación de los proyectos y la divulgación de sus avances, para informar a la ciudadanía sobre los resultados obtenidos a lo largo del tiempo, según detalló Valencia.

Asimismo, la reforma estipula, en aras de la transparencia, que las entidades participantes en la estructuración y ejecución de los proyectos cuenten con procesos claros y orientados al modelo de contratación, lo que brinda certeza jurídica a los inversionistas en relación con la obtención de permisos, licencias, resoluciones y demás trámites necesarios, indicó el Director Ejecutivo Interino de Anadie.

¿QUÉ DICE LA LEY?

La Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, que se ha mantenido intacta desde su entrada en vigencia, está conformada por 113 artículos.

La normativa asegura que es una plataforma legal y moderna para «promover con absoluta transparencia, proyectos de inversión en: carreteras, generación y distribución de energía eléctrica, puertos, aeropuertos y otras obras.

Estas obras, son necesarias para el desarrollo del país, pero exceden la capacidad financiera del Estado, por lo que organizaciones del sector privado y en alianza con el sector público, pueden construirlas y administrarlas.

Esto también incluye alianzas entre municipalidades y entidades privadas.

El decreto establece el Sistema Nacional y Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, así como la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) y la Integración del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura.

Se delimitan funciones, procedimientos, impedimentos y transparencia para los entes citados.

Por otro lado, se fijan los derechos y obligaciones del participante privado, el régimen de licitación y presentación de propuestas, así como prohibiciones y criterios de adjudicación.

También, se fija el proceso para la realización de los contratos de las alianzas, su fiscalización y las garantías al participante privado.