Cuando revisamos la historia de nuestra generación (1944-2025) y sus movimientos sociales, vemos con sorpresa que sus demandas han sido similares a las de sus predecesores y las actuales —justicia social, derechos indígenas, reforma agraria, lucha contra la corrupción y mayor inclusión política— pero los avances, no han logrado consolidar una verdadera reforma social o política.
Sin duda, en esto confluyen factores estructurales e históricos. Lo primero que resalta a la vista es que tales demandas chocan con los intereses de poder y económicos de las élites lo cual se explica, al menos y en parte, por la imposibilidad de superar dos realidades: 1º Las élites tradicionales controlan gran parte de la riqueza, los medios de producción y los recursos naturales, lo que les permite influir en políticas económicas y fiscales para mantener el statu quo. 2º Tanto las instituciones públicas como las privadas, así como los sistemas políticos y judiciales, están diseñados para proteger privilegios y desde su origen, son vulnerables a la captura por grupos de poder. Basta ver denuncias diarias en los medios: Corrupción, clientelismo, injusticias y mentiras en redes informales, que permiten a las élites bloquear reformas o impulsar las que les beneficien.
Estas élites han desarrollado estrategias eficaces para resistir: deslegitimizar las protestas ante la opinión pública, usar la desinformación como arma y, sobre todo, ejercer una represión sistemática. Lo vivimos en el Conflicto Armado Interno (1960-1996) y hoy persiste en la criminalización, o asesinatos de líderes sociales (como los defensores de tierra frente a megaproyectos mineros o hidroeléctricos). La literatura al respecto es abundante: los gobiernos han dividido los movimientos mediante cooptación, compra de líderes, promesas incumplidas o violencia directa (intimidación y eliminación). A eso se suma la falta de unidad entre organizaciones profesionales, trabajadora, campesina, urbanas y rurales, lo que debilita su capacidad de presión.
En este contexto, las elecciones se convierten en una farsa. Con un sistema político corrupto e instituciones débiles, los tres poderes del Estado suelen servir a intereses particulares. Aunque movimientos como el de 2015 lograron la renuncia de Pérez Molina, eso ha sido insuficiente para avanzar en reformas estructurales bajo una justicia plagada de arbitrariedades.
Pero el problema no solo tiene origen interno. Estudios recientes demuestran que las políticas impulsadas por organismos como el FMI o el Banco Mundial (privatizaciones, extractivismo) limitan la capacidad del Estado para responder a demandas sociales y un ejemplo de ello son los Tratados de Libre Comercio (TLC): priorizan derechos corporativos sobre colectivos.
Obras como el “COMPENDIO DE HISTORIA DE GUATEMALA 1944-2000” o “ENTENDER GUATEMALA A TRAVÉS DE SUS MOVIMIENTOS SOCIALES” revelan que no todo es no obtener nada. Hubo conquistas como los Acuerdos de Paz (1996), que reconocieron derechos indígenas, o la creación de la CICIG (aunque luego desmantelada). No obstante, estos logros son revertidos o incumplidos: el Convenio 169 de la OIT, que exige consulta previa a pueblos indígenas, rara vez se aplica en proyectos extractivos. Igual de revelador es comparar El análisis del problema nutricional de la población de Guatemala (1977) con informes actuales de la CODESAN: «todo se repite», no se abordan las raíces del problema: La pobreza (60% en 2024), el racismo y la exclusión persisten, junto a una cultura de resignación y desconfianza en la política, que reduce la presión ciudadana.
La historia de nuestra generación deja una lección clara: Las transformaciones profundas exigen no solo protestas, exigen también la construcción de poder social, político alternativo y presión sostenida. Algo que a la fecha no hemos logrado.
