¡Vivan los estudiantes! Ayer 22 de mayo se celebró el Día del Estudiante Universitario de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y 125 aniversario de la centenaria Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “Oliverio Castañeda de León”.
AEU es un referente nacional estudiantil organizado, se distingue por estar a la vanguardia de batallas populares en épocas pasadas y presentes contra dictaduras militares y gobernantes autoritarios.
Homenaje a miles de mártires universitarios mujeres y hombres torturados, desaparecidos o ejecutados por fuerzas de seguridad del aparato represivo del Estado.
Proteger a defensores de derechos humanos, del territorio, periodistas y jueces íntegros es un deber del Estado. Una fuente confiable muy cercana al Organismo Ejecutivo, confirmó que el Gobierno que preside Bernardo Arévalo presentará en próximos días, la Política de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que incluye a defensores del territorio y jueces honorables. Esta política de protección es resultado de incansable perseverancia y exigencia de familias de víctimas de violaciones a derechos humanos, de organizaciones de sociedad civil y de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) que desde décadas atrás, han insistido que se haga realidad y reconozca la responsabilidad del Estado y sus agentes de resguardar a defensores de derechos, a periodistas que preservamos la libertad de expresión, a quienes defienden el territorio y a administradores de justicia que actúan con honestidad.
Esta decisión del Gobierno guatemalteco, es un paso positivo en la dirección correcta que fortalece la defensa de derechos y revela voluntad política de gobernantes de respetar el libre ejercicio de derechos humanos civiles, políticos y constitucionales garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala y Convenios regionales e internacionales que el Estado haya ratificado.
Es también un avance positivo para el país y la población porque añade a Guatemala a muchas otras Naciones que en la región y resto del mundo, hace mucho tiempo que tienen y desarrollan programas o políticas nacionales que protegen a aquellas personas que frente al Poder Público y desde sociedad civil defienden derechos.
Asimismo, es un triunfo de personas y organizaciones de sociedad civil guatemaltecas que durante años persistieron en exigir a Gobiernos anteriores, la necesidad de contar con un mecanismo de protección que garantice que el trabajo de defender derechos y libertades fundamentales de los seres humanos se realice sin temor, amenaza, incertidumbre, obstáculo, contratiempo o inseguridad.
En el mundo turbulento y afligido de hoy, cuando prevalecen conflictos armados y actos genocidas que generan elevados costos sociales que se traducen en pérdida de miles de vidas humanas. Cuando comprobamos la restauración de corrientes políticas neofascistas, de actos de intolerancia, del incremento de discursos de odio, xenofobia, homofobia y hasta gobernantes como el señor Trump que pregonan la aporofobia, neologismo que según el Diccionario de la Lengua Española (DLE) es, “el miedo, rechazo o aversión a personas pobres o desfavorecidas”, entonces comprendemos mejor la importancia que tiene la defensa de derechos y porqué defender derechos no es delito.
Extiendo solidario saludo a personas y colectivos de defensa de derechos humanos guatemaltecas por este importante e histórico avance, en particular a licenciada Makrina Gudiel quien es una de las trascendentales voluntades individuales que empujaron esta iniciativa. Guatemala progresa en el respeto a derechos humanos.
