El mundo distingue que hay golpe de Estado, que ha pasado de estar en cámara lenta a acelerarse, para impedir que Arévalo organice su defensa y el contraataque. Lo que dijo el presidente de Costa Rica sobre el asedio a la esposa de Arévalo, forzándola a salir al extranjero, puede no ser un exilio, como él dijo; pero muestra el grado de impune sedición de la “corrupta fiscal general”. La sociedad civil guatemalteca ve otros actos subversivos: toma de calles y paros injustificados por sindicatos corrompidos; constante bloqueo en el Congreso; más acusaciones contra abogados honestos, quienes, en prisión preventiva, son enviados a cárceles peligrosas para “quebrarlos” y que acepten cargos, como ha sido la práctica; se inventó la figura de “terrorista” como acusación contra integrantes de las Autoridades Autóctonas -baluarte de la defensa del triunfo de Semilla y apoyo del gobierno actual- y se utilizó contra Pacheco y Chaclán; se acusó de irregularidades y corrupción al presidente y a su hermano; y circuló por redes, hace pocas semanas, la noticia de que la FECI preparaba una acusación contra la esposa del presidente.
Son todos componentes del “golpe blando”, que se ha utilizado anteriormente en América Latina, con el respaldo de EE. UU. Se hizo contra el presidente Zelaya en Honduras, bajo la mentira de que proponía cambio constitucional para quedarse en la presidencia. Se utilizó contra el presidente Lugo de Paraguay, con mentiras sobre su capacidad de gobernar. Se hizo contra la presidenta Rousseff en Brasil, con acusaciones falsas de fiscales y jueces corruptos; y luego se impidió la participación electoral de Lula, para que ganara Bolsonaro. Las y los golpistas en Guatemala no pueden convencer a la comunidad internacional, que los conoce y condena; pero sí a Trump. Para ello, han inventado la quimera de que Arévalo está entregando recursos importantes a China y con ello, dada su locura, lograr que Trump dé luz verde al “golpe blando” en Guatemala.
Por esto, al derrotar el golpe de Estado tenemos que hacerlo desde la sociedad civil -la alianza entre pueblos indígenas, organizaciones políticas honestas, el movimiento popular no cooptado, las organizaciones sociales de defensa de derechos humanos, la resistencia universitaria en la Usac y las juventudes de las otras universidades, y la ciudadanía honesta- y desde el gobierno. Dirigir un golpe de Estado es delito en todas partes y los cabecillas deben ser detenidos, aunque sean la fiscal general y miembros de la CC. No se trata de la remoción de la fiscal general, sino que de la captura de la cabecilla de un golpe. Lo que corresponde es arrestar a la Sra. Porras -lo puede hacer la ciudadanía y lo puede hacer el gobierno- y encarcelarla junto con quienes se identifiquen como sus cómplices. Si miembros de la CC intentaran declarar la medida como inconstitucional y el sistema judicial intentara frenar la ejecución de la medida, se les debería arrestar igualmente. Y si algunos oficiales del ejército intentaran apoyar a las y los golpistas, deben encontrar la indignación de la sociedad civil y de oficiales y tropas leales al gobierno.
