En realidad, al igual que otros problemas nacionales, la inseguridad en Guatemala está atrapada dentro de un círculo vicioso: La violencia en Guatemala es multicausal y se retroalimenta de deficiencias públicas y sociales, que generan exclusión y abuso, lo cual a su vez alimenta el crimen. Este debilita las instituciones y relaciones humanas, y esa debilidad institucional e individual, perpetúa la violencia. Romper este ciclo exige abordar de manera simultáneamente lo social y lo público. Hace diez años, Marcelo Colussi afirmó en un artículo en Plaza Pública: «Combatir las violencias implica desmontar poderes fácticos; es decir: una tarea tanto política como sociocultural». Eso sigue pendiente.

Uno se exaspera y angustia al ver cómo los actos de violencia del Estado, dominan las noticias: persecución política contra líderes, detenciones arbitrarias, criminalización de la disidencia para socavar el gobierno, actos de racismo y discriminación por doquier. Lo mismo ocurre al conocer la violencia social y doméstica que sacude hogares y poblaciones, sin olvidar la violencia sexual que puede contarse en cientos en un mes, o las protestas sociales que caen en un vacío de indiferencia. Lo más grave de todo esto es que los juzgados y las cortes se han convertido en antros donde, más que administrar justicia, se negocian favores a favores, para el mejor postor.

Todo lo anterior es muestra de que vivimos inmersos dentro de un patrón de violencia estructural, que lejos de contenerse, se agudiza ante la mirada pasiva de fiscalías y tribunales. Estos como ya dije, han dejado de ser garantes de justicia para convertirse en actores clave de la misma violencia.

La sociedad debe entender que la lucha contra la inseguridad no es solo responsabilidad del Estado, sino también de la ciudadanía, al margen de ideologías. Como señala “The dialogue”: Guatemala ha implementado  prácticas para abordar la inseguridad nacional, que han incluido la coordinación y armonización del sector de seguridad bajo la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, la política estratégica de persecución penal y el modelo implementado por el Ministerio Público entre 2010 y 2018 con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la reforma y modernización policial iniciada por la Comisión de Reforma Policial en 2009, y el programa Escuelas Abiertas, que amplió el horario escolar para actividades recreativas, deportivas y artísticas para jóvenes”. Sin embargo, estas iniciativas siguen siendo insuficientes para considerar que las estrategias están “bien encaminadas”.

La realidad es que el espacio para vivir dentro de la legalidad en Guatemala, se reduce ante el hurto, el asalto y el despojo, tanto en ámbitos públicos como privados. Los académicos atribuyen esta violencia a un legado histórico de conflictos internos que engendró una cultura de violencia ya normalizada, con sus muertos y desplazados. No obstante, muchos analistas se olvidan del papel de la persistencia de la impunidad en delitos políticos y en temas de derechos humanos y de relaciones sociales. Estudiosos del tema afirman que ante delitos políticos y de violencia de género, ocho o nueve de cada diez quedan impunes, ya sea por impericia judicial, compra de sentencia y en ello se mezcla impericia en los administradores de justicia, pero la mayoría lo es por compra de sentencias, falta de denuncias o presión de grupos de poder. Este último aspecto es crucial. Narcotraficantes, élites privilegiadas y oportunistas corrompen, extorsionan e intimidan a funcionarios y ciudadanos, para proteger sus intereses ilegítimos.

Dentro del panorama de violencia nacional, no puede omitirse la violencia patriarcal y de género, profundamente estructurada y arraigada en nuestra sociedad. El PNUD destacó en el 2022 que en Guatemala muere al menos un niño o mujer diariamente de forma violenta o teniendo dentro de sus causas a ésta.  Así que no podemos pasar por alto que vivimos inmersos dentro de un continuum de violencia. No en vano un escritor guatemalteco cuyo nombre ahora olvido, decía: “la violencia la mamamos desde la concepción”.

Alfonso Mata

alfmata@hotmail.com

Médico y cirujano, con estudios de maestría en salud publica en Harvard University y de Nutrición y metabolismo en Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán” México. Docente en universidad: Mesoamericana, Rafael Landívar y profesor invitado en México y Costa Rica. Asesoría en Salud y Nutrición en: Guatemala, México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica. Investigador asociado en INCAP, Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubiran y CONRED. Autor de varios artículos y publicaciones relacionadas con el tema de salud y nutrición.

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