Jorge Mario Andrino Grotewold.
* @jmag2010
Fortalecer los Organismos de Estado y especialmente aquellos que tienen una influencia política tan grande, como lo son los Congresos o Senados en los Estados, es obligatorio e importante. Sin embargo, y aunque tenga algún costo económico para el erario público, debiera considerarse que cada región o departamento, evaluara a sus representantes en un plazo razonable luego de ser electos.
Los diputados al Congreso de la República son dignatarios de la nación y se les considera los verdaderos representantes de la población, porque mediante su elección distrital, alcanzan el más puro ejercicio de la democracia representativa de sus comunidades y regiones. Sin embargo, difícilmente son reprendidos políticamente por la ausencia de atención a sus territorios, e inclusive se les acusa a algunos de realizar influencias al margen de la ley, como lo es incidir en el listado geográfico de obras o generar beneficios personales o sectoriales. Por eso, la sanción directa de sus electores, pudiera ser el castigo ideal.
La mecánica habría que definirla, especialmente para ser eventualmente sustituidos, pero esta especie de evaluación del desempeño para diputados, promovería la mejora en el rendimiento legislativo, además de una veeduría social constante sobre su función pública. Por su parte, los congresistas estarían más comprometidos con sus distritos electorales, así como contar con una agenda especializada para desarrollarlos, económica, social, política, cultural, ambiental y hasta deportivamente, para dar algunos ejemplos.
Además de ello, y aunque no debiera ser algo necesario, también funcionaría como motivante para los congresistas de abstenerse de realizar actos negativos donde se les acuse moral o legalmente, y así evitar que sus distritos les pasen factura electoral, inclusive antes de las elecciones. Este mecanismo es una apuesta a mejorar la calidad de los legisladores y el Fortalecimiento del Congreso de la República. Necesitaría una reforma electoral y tendría que tener el mismo efecto replicado, aunque con diferentes fines, para el Organismo Ejecutivo e inclusive para el Judicial. El período legislativo tendría que dividirse, para evitar quedarse sin diputados, ante una eventual oleada de no validación del trabajo de los congresistas. Esto también involucraría que el diputado removido bajo esta modalidad, no podría participar como candidato en la siguiente elección.
Pensar en corto plazo para cambiar políticas y culturas del país es limitado. Guatemala necesita cambios de fondo y para ello hay que empezar precisamente por quienes son los responsables de llevar a cabo esos cambios. Con presión social y explicándolo técnicamente, una buena reforma al sistema electoral sí es posible, y con ello la reforma a la clase política.
