Las carreteras son más que caminos que conectan ciudades. Son arterias vitales que impulsan el desarrollo de una nación y, fundamentalmente, la seguridad interna del país. Aunque solemos relacionar la infraestructura vial con la economía, el turismo y la movilidad, su impacto en la seguridad nacional es importante y tiene varias facetas desde distintos puntos como la competitividad del mercado nacional.
Unas vías bien pavimentadas y mantenidas permiten un despliegue ágil de todos los usuarios. Ante situaciones de crisis como desastres naturales, amenazas externas o conflictos internos, una red vial eficiente es esencial en todo sentido, porque la rapidez en la respuesta puede significar la diferencia entre controlar una situación o permitir que se descontrole, evitando esas horas tediosas para movilizarnos de un destino a otro.
Las carreteras juegan un papel crucial en el progreso de las comunidades. Municipios que están desconectados de los centros urbanos son más susceptibles a las actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, situación que afrontamos en las zonas fronterizas. Con una infraestructura adecuada, estas comunidades podrían integrarse al comercio nacional, reduce vulnerabilidades y promueve el desarrollo local.
Otro aspecto clave es el fortalecimiento del comercio interno. Un país con vías de transporte en buen estado y funcionales puede garantizar que los productos de la canasta básica lleguen de manera eficiente a los mercados. Esto solo puede ser garantizado con una ejecución presupuestaria transparente y efectiva para lo cual es imperante un buen trabajo de los funcionarios públicos, especialmente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
La inversión en infraestructura debe ser planificada con visión a largo plazo, asegurando que los recursos se destinen a proyectos que realmente mejoren la conectividad y reduzcan los costos logísticos. Esto no solo beneficia a las empresas, sino también a los consumidores, al reducir precios y mejorar el acceso a bienes esenciales.
El otro aspecto importante es el Índice de Competitividad Global (ICG), supervisado por el Foro Económico Mundial, ente que evalúa el estado de la infraestructura, incluida la calidad de las carreteras, lo cual suele reflejarse en una puntuación más alta como país y que le permite al Banco Mundial emitir sus reportes sobre el crecimiento económico de cada nación.
La infraestructura vial atractiva reduce riesgos y costos para los inversionistas, aumentando las posibilidades de atracción de capital extranjero. Hace unos cinco años los personeros de la fábrica de autobuses Daewoo, con sede en Busan, Corea del Sur, intentaron instalar una planta de ensamblaje en Guatemala, por nuestra ubicación geográfica, pero lamentablemente la situación de la red vial y que Guatemala tiene 35 requisitos para instaurar una empresa no se concretó y decidieron irse para Costa Rica, donde solamente hay ocho procesos. Otro factor para esa decisión fue la calidad de la red vial, porque los costarricenses ofrecen mayores incentivos de inversión y calidad de infraestructura.
La planificación del mantenimiento vial antes de la temporada de lluvias es clave para evitar daños severos en la red vial que garantiza la continuidad del comercio nacional e internacional. Las carreteras catalogadas como rutas de comercio deben ser prioridad en los programas de inversión estatal, ya que su deterioro afecta directamente la economía y la competitividad del país.
Cuando se aproxima la época lluviosa y las vías están en mal estado, no solo aumenta el riesgo de accidentes y retrasos en el transporte, sino que también se incrementan los costos de reparación del asfalto, que muchas veces podrían haberse reducido con un mantenimiento preventivo adecuado. Si Guatemala quiere fortalecer la posición como un actor relevante en el comercio regional, es necesario que contemos con una red vial sostenible, porque solamente así vamos a generar confianza entre los inversionistas.
Por eso es que el gobierno de Bernardo Arévalo debe nombrar funcionarios de experiencia, pero sobre todo “probos”, para que planifiquen y definan una política estatal que deje por un lado los compromisos con grupos delincuenciales y los compadrazgos políticos. Es crucial contar con funcionarios íntegros en el Ministerio de Comunicaciones porque esta institución maneja un presupuesto que es vital para el desarrollo del país.
Cuando la administración de estos recursos cae en manos de grupos corruptos o vinculados a estructuras delictivas, las consecuencias son devastadoras. En lugar de invertir en proyectos de infraestructura eficientes, los fondos terminan en manos de “politiqueros corruptos”.
Un gobierno con políticas transparentes y reglas claras de fiscalización pueden cambiar este panorama. La desvinculación de estructuras criminales permitiría que las inversiones lleguen a donde realmente se necesitan, asegurando una gestión eficiente que reduzca la corrupción por medio de la transparencia. Las buenas decisiones gubernamentales pueden fortalecer la confianza ciudadana y que redunde en beneficio de todos los sectores del país.
