Es el estado de Guatemala que se organiza jurídica y políticamente para velar por la primacía de la persona humana, el reconocimiento de la familia como origen de los valores de la sociedad, como responsable de promover el bien común, y sobre todo la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad libertad y paz, lo que convierte a Guatemala en un Estado Republicano.
Estado que en años recientes ha dado pasos de retroceso por la coaptación del Estado, principalmente en el sector Justicia, utilizando dichos sectores de manera autocrática por grupos afines al sector de mafias criminales como políticos, narcotráfico, y todos adeptos a la corrupción en los últimos gobiernos, con instituciones que se han plegado a intereses espurios y políticos con anuncio propio de expresidentes, diputados y funcionarios de gobiernos pasados, que obedecen consignas de aquellos sectores que reciben beneficios económicos, que tienen cooptado al Ministerio Público, al Organismo Judicial, a los diputados y a la Corte de Constitucionalidad que no cumple lo que norma la Constitución Política de la República, situación que es un marcado desgaste en los que ahora tienen la dirección del Ejecutivo y es denigrante que no prevalezca el Estado de Derecho, que debe respetarse y cumplir con las normas que indica la carta magna.
El país en el último proceso electoral se vio empañado al penalizarse el evento eleccionario y violar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es de rango constitucional. Los grupos políticos que recibieron un no para poder correr en puestos de elección popular para poder dirigir diversos puestos en el organismo Ejecutivo y municipalidades, curules de diputados, e intentaron asociados con el Ministerio Público, jueces venales, fraguar un “auto golpe de Estado”, e impedir la toma de posesión de César Bernardo Arévalo y Karen Herrera, elegidos en un evento democrático supervisado por la comunidad Internacional, e impedir la asunción al poder de los relacionados, que fueron apoyados por el Movimiento Semilla, que está suspendido como entidad de derecho público.
La Comunidad Internacional jugó un rol de primera línea, sin embargo, el Ministerio Público por medio de sus huestes, al contrario de la voluntad popular, accionó en los tribunales penales, asegurando que en el evento eleccionario se había producido un “supuesto fraude”. Ante tal descarada acción que violenta la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los 48 Cantones de Totonicapán, por varios días se apostaron frente a las oficinas centrales del Ministerio Público con manifestaciones pacíficas en la capital y en el interior, demandando que se respetara la voluntad del pueblo. Los días corrían y la angustia hizo presa a los guatemaltecos; al llegarse la fecha de toma de posesión de los elegidos Arévalo y Herrera, en las últimas horas del 14 de enero del 2024, fueron juramentados con la ausencia de Alejandro Giammattei Falla, que constitucionalmente en esa fecha, debería resignar el cargo a su sucesor.
Los días han pasado y hay incertidumbre y malestar en varios sectores por las acciones fuera de la ley del Ministerio Público, que como sed de venganza al no lograr sus objetivos para que Arévalo y Herrera, no tomaran posesión, meses después de las protestas en Gerona, “se sacó de la manga” acciones contra los dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, que enfrentan procesos con el argumento de que violentaron la libertad de locomoción y otros delitos que como lo norman los códigos penal y procesal penal, tienen que ser comprobados en los órganos de justicia.
Es imperativo que el Organismo Judicial, no se preste a los actos espurios de esos sectores que obedecen consignas que los desacreditan y ponen en Guatemala, en desprestigio. Si estamos en democracia, las leyes, especialmente la Constitución Política de la República, debe respetarse. Llegó la hora de unirnos y exigir que los órganos de investigación y justicia, cumplan con la ley, debe demostrar independencia, honorabilidad y honradez.
