Marco Tulio Trejo Paiz
Esos funcionarios, como están archirremunerados, parecen no tener sensibilidad humana al privar de sus legítimos derechos a los laborantes al momento de ser despedidos, y así violan flagrantemente la ley y causan desprestigio al gobierno del presidente Otto Pérez Molina.
Visiblemente indignados y acosados por la necesidad de no recibir sus salarios y prestaciones en tanto tiempo, los despedidos están tratando de organizarse en una asociación para presionar ante la CC, el Palacio Nacional y la Casa Presidencial, a efecto de lograr que les cubran todo lo que les deben.
Una pregunta: ¿Qué hace en relación con dicho problema la Inspección General de Trabajo? ¿No ha tratado ese caso que tiene en infortunio a numerosos trabajadores y trabajadoras que se sienten como en abismal vacío de la injusticia social?
El pretexto que se esgrime en los ministerios insolventes es que no hay dinero, eso puede ser una repudiable mentira, porque el presupuesto general de la nación anda por la estratósfera.
Es justo que sin más demoras ni alilayas se paguen los sueldos o salarios y prestaciones a muchas personas echadas a la calle sin mayores ceremonias, mas sí con arbitrariedad e inicuamente, porque están pasando días, meses y algunos años sin recibir el producto de su trabajo.
El presidente Pérez Molina a lo mejor no ha tenido conocimiento de lo que hacen contra la clase trabajadora sus ministros, pero sus cercanos colaboradores deben informarle de lo que ocurre en perjuicio de tantos laborantes seriamente afectados por no percibir los salarios o sueldos devengados. Su desesperante situación ya pasó de castaño a oscuro, ciudadano presidente.
Una orden expresa y terminante del jefe de Estado resolverá definitivamente el problema laboral en mención.
