Juez autoriza la implementación de la norma que obliga a registrar a todos los inmigrantes ilegales en EE.UU.

Un juez federal permitió este jueves 10 de abril, que el gobierno de Trump implemente una polémica medida que exige a todas las personas que residen ilegalmente en EE.UU. registrarse ante el gobierno federal y portar documentación, una decisión con potenciales repercusiones masivas para la comunidad migrante.

El magistrado Trevor Neil McFadden, quien fue designado por el propio Trump, respaldó el argumento gubernamental de que solo se está haciendo cumplir una norma ya existente para todo extranjero en territorio estadounidense.

Su fallo, que entra en vigor este viernes, no analizó el fondo del caso, sino que se basó en un tecnicismo legal: determinó que los grupos que buscaban bloquear la medida no tenían legitimación para impugnarla.

Horas después del veredicto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió en un comunicado que: El plazo para registrarse vence este viernes para quienes llevan 30+ días en el país. La norma se aplicará «con todo el rigor de la ley» a partir de ahora.

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«El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para quienes están ilegalmente en nuestro país: váyanse ahora. Si se van ahora, podrían tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad, de vivir el sueño americano», declaró la secretaria Kristi Noem en un comunicado. «La administración Trump hará cumplir todas nuestras leyes de inmigración, no seleccionaremos qué leyes aplicar. Debemos saber quién está en nuestro país para garantizar la seguridad de nuestra nación y de todos los estadounidenses».

EL IMPACTO DEL REGISTRO 

Aunque persisten dudas sobre cómo funcionará el requisito de registro, su impacto podría ser masivo. La administración Trump, que ha buscado cumplir sus promesas de campaña sobre deportaciones masivas, estima que entre 2.2 y 3.2 millones de personas podrían verse afectadas.

El 25 de febrero, funcionarios de Seguridad Nacional (DHS) anunciaron que exigirían el registro de todos los indocumentados en EE.UU., advirtiendo que quienes no se autorreportaran enfrentarían multas o cargos penales. La omisión se considerará un delito, y los registrados deberán portar su documentación bajo riesgo de prisión o sanciones económicas.

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El registro será obligatorio para toda persona de 14 años o más sin estatus legal. Los registrados deberán proporcionar sus huellas dactilares y dirección, mientras que padres o tutores de menores de 14 años deben garantizar su inscripción.

El proceso también aplica a canadienses que permanezcan más de 30 días en EE.UU., incluyendo los llamados “snowbirds” que pasan los meses invernales en estados como Florida.

PRECEDENTES DEL REGISTRO 

La ley migratoria federal siempre ha exigido que no ciudadanos residentes en EE.UU. (incluso indocumentados) se registren. Estos requisitos se remontan a la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, promulgada durante los temores sobre inmigrantes y subversivos políticos en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Los requisitos actuales derivan de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.

Sin embargo, la obligación de registro para indocumentados solo se ha aplicado excepcionalmente. De hecho, grupos opositores al gobierno afirman que no ha sido exigida universalmente desde su creación en los años 40.

Tuvo un uso limitado tras el 11-S, cuando el Sistema Nacional de Registro de Entradas y Salidas (NSEERS) requirió que hombres no ciudadanos de más de 16 años, provenientes de 25 países (24 de mayoría árabe o musulmana), se registraran. El programa no generó condenas por terrorismo, pero inició procesos de deportación contra más de 13,000 personas, este fue suspendido en 2011 y abolido en 2016.

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La administración Trump insiste en que este requisito siempre existió, y que solo lo están aplicando de manera generalizada.

Los demandantes argumentan que el gobierno debió seguir un proceso de notificación pública más exhaustivo antes del cambio, y que la medida solo busca facilitar el objetivo de Donald Trump: deportaciones masivas.

Los críticos argumentan que el registro coloca a quienes trabajan, contribuyen a la economía y tienen profundos lazos familiares en EE.UU. ante un dilema insostenible: ¿Deben presentarse, registrarse y revelar su ubicación a un gobierno decidido a ejecutar deportaciones masivas, o permanecer en la clandestinidad arriesgándose a ser acusados del delito de no registrarse?

El gobierno ya solicitó a las personas sujetas a este requisito que creen una cuenta en el sitio web de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS)

**Con información de AP y EFE**