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El presidente Trump anunció el pasado 2 de abril la imposición de tarifas arancelarias al resto de países del mundo, como medida “recíproca” a los aranceles que les imponen a los productos fabricados en Estados Unidos. Guatemala entró dentro del grupo de países al que se le impuso un 10% de aranceles en general y los importadores estadounidenses piden (más bien exigen), que los exportadores guatemaltecos sean los que absorban ese 10%.
Ante la imposición de estos aranceles, se debe actuar con celeridad y diligencia, no con discursos (que es la costumbre del mandatario y su equipo). La situación es, en verdad, crítica. Cualquier empresario sabe que absorber un 10% en su margen bruto puede dejarle sin utilidades, incluso con pérdidas.
El total de las exportaciones de Guatemala a los Estados Unidos en el 2024 fueron 4,614 millones de dólares, un 31% del total de las exportaciones de nuestro país. Los productos más exportados al país del norte fueron textiles 1,443 millones de dólares, banano 814 millones de dólares, café 381 millones de dólares, frutas frescas, secas y congeladas 365 millones de dólares y azúcar 191 millones de dólares. Cabe resaltar que, para la industria de textiles, las exportaciones a Estados Unidos representan el 90% del total exportado, y para el banano y las frutas frescas, secas y congeladas representan el 85% del total exportado. Es decir, el arancel impuesto por los Estados Unidos pone en un riesgo serio a dichas industrias en el país, las cuales son intensivas en el uso de mano de obra, ya sea para fabricar, cosechar o empacar.
Tener una buena relación diplomática con los Estados Unidos, como la tiene el actual gobierno, es muy importante y lo ha expresado en varias oportunidades el canciller Rubio, para molestia de Gerona y sus aliados. Sin embargo, hay que entender que esa relación en sí misma no garantiza que el gobierno de Estados Unidos eliminará los aranceles y las barreras no arancelarias.
En el informe NTR 2025 trata sobre las barreras al comercio exterior. En el apartado de Guatemala, indica que se debe trabajar en los temas de corrupción en instancias gubernamentales, discrecionalidad de la SAT en sus valores de referencia para aplicar impuestos, trámites engorrosos de permisos de importación, doble y triple revisión de productos de origen agrícola y pecuario, irrespeto a la propiedad intelectual, entre otras preocupaciones.
No se puede soslayar la inoperancia e ineficiencia de nuestros puertos, así como el mal estado de las carreteras, principales y secundarias, aunados a la pachorra gubernamental para ejecutar proyectos (los 9 meses que le tomó a este gobierno medio arreglar el tramo del kilómetro 44 de la ruta Palín a Escuintla son motivo de vergüenza, no de orgullo) como factores que restan a nuestra competitividad.
¿Qué hacer? En una delicadísima situación como esta, no valen discursos. Mejorar la infraestructura para ganar competitividad debe ser prioridad uno y la pachorra en ejecutar proyectos no se puede permitir. Es indispensable negociar con el gobierno estadounidense para que equiparen las tarifas de los productos manufacturados que tendrán arancel 0 a partir de este año en el DR-CAFTA. El gobierno estadounidense pone mucho énfasis en la exportación de granos por ser una fuente de empleos importante, así que se puede utilizar como argumento que los granos estadounidenses no están gravados para conseguir desgravación de productos como el banano y las frutas frescas, secas y congeladas para apoyar a estas industrias. De igual forma se debe trabajar en todos los puntos mencionados en el informe NTR.
Por cierto, devaluar el quetzal no se puede considerar como una acción a tomar para “ganar competitividad”, pues hará todo lo contrario.
