Oscar Clemente Marroquín
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Indemnizar es sinónimo de reparar un perjuicio causado y los trabajadores que son destituidos sin causa justificada tienen derecho a percibir una indemnización porque el despido les causa un daño. Pero los funcionarios que fueron electos para un período determinado no están siendo objeto de ningún daño cuando termina la relación laboral porque es como si fueran trabajadores contratados para un plazo fijo que, al vencer, no da lugar a ningún tipo de resarcimiento.
Si además vemos que los funcionarios que se indemnizan aprobaron para sí mismos ese privilegio, estamos frente a un doble caso de inmoralidad, puesto que no sólo se violenta el concepto de la indemnización, sino que hay abuso de poder porque ellos mismos aprueban la norma que les otorga el beneficio y, en el caso de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, resulta que ellos resolvieron avalando el pago ilegal para beneficiarse a su vez con el precedente.
Viene esto al caso porque Alejandro Maldonado recibió una indemnización, es decir una reparación por el perjuicio que le causaba dejar el hueso de la Corte de Constitucionalidad cuando fue electo Vicepresidente de la República. Lejos de perjuicio, pasó a mejor vida y a una aún mejor cuando fue designado Presidente de la República en sustitución de Otto Pérez Molina.
No es primera vez que escribo de este tema y siempre he sostenido que es una acción básicamente inmoral porque aunque haya sido legalidad por un fallo de la Corte de Constitucionalidad, resulta que los mismos magistrados que dictaron el fallo luego se beneficiaron embolsándose la cantidad correspondiente.
Y queda pendiente aún la ambición que pueda tener Maldonado de volver a la Corte para seguir siendo un defensor del sistema actual, ese mismo sistema corrupto, lleno de privilegios para unos cuantos, de inmoralidades como la apuntada y que asienta además el muro de la impunidad.
Creo que es indispensable que la gente tome nota de la actitud de quienes presumen de honestos, de gente de bien, pero que con sus actuaciones demuestran totalmente lo contrario. No puede sino calificarse de inmoral el hecho de que haya recibido esa indemnización quien ya estaba investido como Vicepresidente y, además, supo de primera mano de la crisis financiera del país y de las dificultades hasta para mantener abastecidos los hospitales del Estado, sabiendo además que no había ni para comprar oxígeno para salvar la vida de pacientes muy enfermos.
Además de que en general, en cualquier caso de un funcionario electo para período determinado, es inmoral que se piense siquiera en una indemnización, en este caso hay agravantes como el hecho de que se conociera con tanto detalle la crisis financiera que hay en el país.
Un abogado no puede perderse en cuanto a la interpretación de lo que es una indemnización y menos un constitucionalista que está obligado a respetar la majestad de la ley y de sus conceptos esenciales. En otras palabras, no hay cómo calificar ese gesto más que como una absoluta indecencia.
