POR GRECIA ORTIZ
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La reciente captura e investigación contra 18 militares en situación de retiro, por su presunta implicación en delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad, reabrió las heridas que dejó el conflicto armado en Guatemala y dejó en evidencia que la confrontación es aún un reto por superar para lograr la verdadera reconciliación.
En las últimas décadas del siglo pasado América Latina sufrió los embates de la Guerra Fría, que provocó profundas divisiones en las sociedades y dio lugar a la implantación de dictaduras militares que tenían la misión de combatir el surgimiento del comunismo latinoamericano, supuestamente reflejado en los grupos insurgentes que rechazaban el militarismo.
Aunque a diferente escala, Guatemala, Argentina, Chile, Brasil, El Salvador y otros países de la región pasaron por situaciones parecidas, en donde la población se vio en medio de los enfrentamientos entre militares y guerrilleros, que dejaron una estela de víctimas inocentes y desarmadas.
En el presente, en Guatemala, la persecución penal de los responsables de cometer excesos contra la población civil en el marco del conflicto armado interno todavía es motivo de confrontación entre los simpatizantes del Ejército y grupos que respaldan los derechos humanos, incluidos varios de izquierda; los primeros aseguran que los militares libraron al país del comunismo y los segundos sostienen que es inaceptable dejar en la impunidad los crímenes de guerra.
Analistas consultados consideran que los guatemaltecos deben realizar esfuerzos para superar esta confrontación, que impide hacer frente a los problemas de la actualidad, y dar pasos hacia la reconciliación, aunque eso no implica tolerar o dejar en la impunidad los crímenes que se cometieron contra civiles en un conflicto nacional.
INCLINACIÓN POR LA JUSTICIA
En una Guatemala dividida entre indiferentes, simpatizantes de los militares y defensores de derechos humanos, el militar retirado y profesor universitario, Mario Mérida, considera que sin importar su posición social los guatemaltecos deben inclinarse por la justicia.
De acuerdo con el analista, la justicia debe aplicar tanto aex militares y miembros de la guerrilla, así como otros actores que también estaban implicados en movimientos insurgentes, y que estarían implicados en actos criminales contra la población.
Según Mérida, sí existen medios probatorios concisos que señalan a una persona por cometer un crimen, esta debe de acudir a aclarar su situación a un juzgado, porque solo así se contribuye a generar “confianza” en la aplicación de la justicia y en el combate a la impunidad.
“Hoy por hoy lo que vemos es una politización de la justicia y eso no es conveniente, no por el tema demagógico de la paz y la unidad, sino porque simplemente no permite construir un Estado de derecho y democrático. Se necesita que la justicia esté a prueba ahora con las decisiones que tomen con respecto a este tipo de casos y otros”, apuntó.
“La justicia debe de basarse en el hecho científico; el testimonio es una guía para comprobar el hecho a través de un método científico, pero no podemos tomar el testimonio como un hecho determinante a la hora de juzgar un caso, sobre todo de la magnitud de casos que se juzgan en países en donde ha habido enfrentamientos armados internos”, acotó.
El delito debe ser tipificado en una corte del sistema de justicia, opinó Mérida, pues es en ese momento en que se define si un país se encuentra en un proceso democrático o si va a vivir una “eterna anarquía”.
Sin embargo, en la actualidad ocurre totalmente lo contrario, y afuera de los juzgados, en las calles, plazas y redes sociales, voces ciudadanas se confrontan culpando y exculpando a los responsables de los crímenes del conflicto armado interno, sin tener precisamente un conocimiento claro del marco jurídico.
¿CAMINO A LA RECONCILIACIÓN?
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, considera que las investigaciones contra militares son un hecho positivo en la búsqueda de la justicia, especialmente para quienes la han esperado por más de 30 años.
“Hoy los sindicados tienen la posibilidad y garantías judiciales que durante más de treinta años le fueron negadas a la población civil. Me parece un hecho a todas luces positivo”, indicó.
Santos opina que todas las sociedades que pasaron por conflictos armados internos deben también de atravesar procesos de justicia transicional, con un mecanismo y una garantía para que los hechos no se repitan en el futuro.
Sobre la reconciliación nacional, explicó que se lograría al alcanzar los procedimientos de justicia transicional que se basa en el derecho a la verdad, es decir conocer qué realmente pasó, es decir “la recuperación de la memoria histórica de esos hechos acaecidos en el país”.
“Sin ese proceso de justicia transicional las sociedades, simple y sencillamente no pueden reconciliarse”, dijo.
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, recuerda que nadie es superior a la Ley, incluyendo leyes internacionales, y por eso señala que se deben investigar los crímenes del conflicto armado interno.
“Todos los militares reciben formación sobre que a la población civil no combatiente no se le puede perseguir, porque violan el convenio de Protocolo de Ginebra. Las osamentas encontradas en Creompaz refieren a niños, mujeres y ancianos, y eso se tiene que investigar porque no tenían por qué matarlos”, aseguró.
La entrevistada destacó que este tipo de procesos, deben dilucidarse en los tribunales de justicia correspondiente y no debería polarizar a la población. “Por eso la exigencia de los jueces que deben ser imparciales y objetivos, que deben tener toda la información en derechos internacionales y humanos”, apuntó.
ELLOS HICIERON PEORES COSAS
Los militares no están de acuerdo con la judicialización de los casos del conflicto armado interno y alegan que debe aplicarse la Ley de Reconciliación Nacional. Amílcar Arana es un militar retirado que considera injusta la reciente detención de militares. “Los acusan de una cuestión que pasó en el conflicto armado interno (…) pero los guerrilleros son terroristas e hicieron peores cosas”, indica.
Arana insiste en que el Ejército no asesinó a personas inocentes y considera que las capturas representan “una violación de los Acuerdos de Paz”.
Para la esposa de Benedicto Lucas –uno de los detenidos–, María Elena Winter, no tiene sentido que se persiga a los militares cuando ya hubo un proceso de perdón. “Tendría que haber paz en todos los corazones”, aclaró.
“La paz viene de no acusar a una persona porque esto viene de Ejército y Guerrilla, ya se firmó la paz y ¿Qué más podemos pedir?”, afirmó Winter.
En un comunicado de prensa firmado por el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, se expone “que el caso judicial contra los militares de la base militar de Cobán, es un artificio fabricado por medio de parodias judiciales, por quienes tienen secuestrada la Fiscalía de Derechos Humanos a través del dinero con el que financian sus investigaciones”.
Esa organización señaló que la Fiscalía de Derechos Humanos “obvió de forma intencional”, investigar que en el lugar en que se localizaba la Base Militar “existía un cementerio”.
“Lamentamos el sufrimiento y la humillación a la que han sido sometidos los militares ilegalmente capturados y sus familias, por la ambición económica de organizaciones civiles inmorales y fiscales del Ministerio Público corruptos”, afirmó.
Méndez Ruiz enfatizó que la acción del MP contra los militares es conocida como “Justicia de Emergencia, que equivale a un linchamiento, que solo cabe explicarse dentro del llamado Derecho Penal del Enemigo, que según parece, alientan extranjeros que viven de la burocracia internacional ante su ineptitud laboral, que los incapacita para ser profesionales competentes en sus países de origen”.
EL PODER DE LA JUSTICIA
Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene de Salud Mental, estima que la sociedad, en conjunto, debe realizar un esfuerzo para no ideologizar estos temas, es decir, que no se derive en una confrontación de carácter público entre los grupos que en el pasado se enfrentaron.
“No puede ideologizarse el hecho que se encontraron los restos de 558 guatemaltecos dentro de una base militar. Eso no puede quedar como una discusión ideológica. Es un hecho que se debe investigar y el problema se debe dilucidar en un juicio. No hay que perder de vista que todos los actos deben tener consecuencias legales”, agregó.
Garavito espera que esta situación no se convierta en una polémica que confronte más a la población civil, que a su criterio debe tener claro que cualquier persona que haya cometido un delito sea exguerrillero o exmilitar debe ser juzgado.
“El argumento siempre es que a la guerrilla no se le investiga”, pero el Ministerio Público tiene en curso pesquisas por 98 casos relacionados con insurgentes que habrían cometido excesos en el conflicto armado interno.
Hilda Morales, procuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), agregó que de alguna manera este tipo de enfrentamientos entre la población resultan ser naturales, dados los hechos históricos.
“En última instancia los jueces son los que tienen que valorar las pruebas que tenga el Ministerio Público, indudablemente pueden sentir una presión pero la función de los jueces es ser imparcial, y juzgar de acuerdo como le decía a las pruebas que les presenten. Lo único que habría que tomar en cuenta que tienen la libertad para resolver y no estar sujetos a la presión a la que están siendo sometidos”, apuntó.
CASOS EJEMPLARES
La justicia resolvió procesar a exjefes militares detenidos el 6 de enero, sindicados como presuntos responsables de desapariciones forzadas de cientos de campesinos en los años 80 y cuyas osamentas fueron localizadas años más tarde. Sin embargo, hay más casos del conflicto armado:
EL AGUACATE
El cuatro de julio de 2014, Fermín Solano, exjefe guerrillero, fue condenado por un tribunal de Chimaltenango a 60 años de cárcel por el delito de asesinato en forma continuada y 30 por delitos de lesa humanidad.
Solano, quien tenía el seudónimo de ‘Teniente David’, fue acusado de la masacre de 22 indígenas ocurrida entre el 22 y 25 de noviembre de 1988 en la aldea El Aguacate, del municipio de San Andrés Itzapa, en Chimaltenango, a 65 km al oeste de la capital.
CASO DOS ERRES
El 2 de agosto de 2011, un Tribunal de Alto Riesgo dictó sentencia en contra de cuatro de 17 exsoldados acusados de la masacre de la comunidad Las Dos Erres, departamento de Petén, ocurrida el 7 de diciembre de 1982. Cuatro exkaibiles fueron sentenciados a 6 mil 060 años de reclusión por haber participado en la masacre.
MÁS DE 40 MIL RESARCIDOS
Jorge Herrera, del Programa Nacional de Resarcimiento, informó que 42 mil 081 personas han recibido resarcimiento, luego que se determinara que sufrieron los embates del conflicto armado interno.
“Hay resarcimiento directos que son los económicos, y hay colectivos que son los productivos, de dignificación y las de solución de vivienda. Del 2004 a 2008 solo se dio resarcimiento económico, le estoy hablando de una especie de asistencia por la pérdida de vidas humanas, por casos de torturas o desaparición”, indicó.
Herrera aseveró, que de 2004 a 2008 se resarció a 12 mil 880, de 2008 a 2012 fueron 16 mil 862, y de 2012 a 2016, el resarcimiento fue más “integral”, porque antes no había otras acciones, como los proyectos productivos, que incluyen varias comunidades, en medidas de dignificación y en restitución de vivienda familias.
De acuerdo a Herrera de 2004 a 2015, solo en resarcimiento económico se ha otorgado más de un millardo de quetzales, aunque considera que también son necesarios otros tipos de resarcimientos productivos, que permitan que las comunidades subsistan.
El presupuesto asignado, comentó que tampoco corresponde a las necesidades de la población, y destacó que aunque se hace una planificación anual para llegar a todos los lugares afectados, “es totalmente imposible llegar a todos los departamentos, nosotros tenemos 14 sedes regionales, le estoy hablando de las áreas en donde más hubo efectos del enfrentamiento armado”, aunque esperan tener una mayor cobertura del programa para 2023.
