Kevin Segura
Arquitecto, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de postgrado en desarrollo urbano y territorial, doctorado en políticas públicas y docente de vocación. Fundador del Laboratorio de Liderazgo e Innovación.
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Guatemala presenta una fragmentación territorial, política y cultural singular. En apenas 108,889 km², el país se divide en 340 municipios, cada uno con liderazgos políticos que ejercen presión sobre el territorio. Esta dinámica ha consolidado prácticas heredadas del caciquismo, el latifundismo y el control territorial por parte de grupos de poder que determinan el acceso al desarrollo urbano, las oportunidades económicas y, en algunos casos, incluso a estructuras sociales, políticas y criminales.
Estos liderazgos municipales han mostrado una fuerte resistencia a iniciativas estatales esenciales, como la ley de clasificación de desechos, la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales o los seguros vehiculares. No porque estas medidas sean innecesarias o dañinas —al contrario, su urgencia es innegable—, sino porque su enfoque cortoplacista les impide comprometerse con una agenda de desarrollo sostenible y estructural.
La agenda de muchos alcaldes no responde a una visión de desarrollo territorial con objetivos estratégicos, sino a una política clientelar que perpetúa el subdesarrollo. Si bien existen excepciones, la norma general es la ausencia de una planificación a largo plazo que priorice el acceso al agua, la modernización del transporte, el ordenamiento territorial y la participación ciudadana como pilares del progreso municipal.
Más allá de la crisis política nacional, preocupa la calidad de vida de los habitantes de los municipios. La falta de agua potable, la ausencia de un sistema eficiente de gestión de residuos, la carencia de aceras y espacios públicos adecuados, junto con la inexistencia de opciones de desarrollo económico local, no solo reflejan el abandono histórico del poder ejecutivo —que hasta hace unos años era un botín político—, sino también cómo la precariedad se ha trasladado a los municipios como simples cuotas de poder que no generan transformaciones sociales. Además, evidencia la falta de un horizonte común entre las alcaldías.
La resistencia a que las municipalidades asuman un rol protagónico en la vida política y social de los ciudadanos no es casualidad. Se ha convertido en una estrategia para desincentivar la participación ciudadana y evitar la consolidación de liderazgos locales que busquen el bienestar de sus comunidades. La falta de planificación y gestión eficiente no es solo negligencia territorial, sino una estrategia de control que perpetúa el rezago y limita las posibilidades de un verdadero desarrollo local.
Sin embargo, el poder municipal tiene un potencial innegable para transformar la realidad del país. La descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales podrían ser claves para implementar soluciones efectivas y sostenibles en temas como el acceso al agua, la planificación urbana y el desarrollo económico. Para ello, es fundamental que los alcaldes asuman un compromiso con el bienestar colectivo, dejando de lado los intereses particulares y apostando por una gestión pública transparente y eficiente.
Es momento de que los liderazgos municipales evolucionen de administradores de crisis a gestores de futuro. La construcción de municipios resilientes, equitativos y con oportunidades para todos solo será posible si los alcaldes entienden su papel como articuladores de desarrollo y no como perpetuadores de estructuras clientelares. La responsabilidad está en sus manos, y el futuro de Guatemala depende de las decisiones que tomen hoy.
