Las comunas de casi todo el país han otorgado contratos a empresas constructoras por la reparación de caminos rurales que suman miles de millones de quetzales, de enero de 2024 a marzo de 2025, durante los 13 meses que comenzó el periodo edilicio 2024-2028.
De acuerdo con una herramienta tecnológica que utiliza La Hora y que recopila información de Guatecompras, en estos 13 meses, se han adjudicado 2 mil 62 eventos a empresas para el «mejoramiento de caminos rurales», que representan Q1 mil 881 millones 456 mil.
Las adjudicaciones se incrementaron significativamente si se hace la comparación con los primeros 13 meses del periodo municipal 2020-2024 o si se comparan los promedios mensuales.
En el primer caso, de enero de 2020 a marzo de 2021 (época de pandemia), de acuerdo con la misma herramienta tecnológica, se adjudicaron Q1 mil 430 millones 807 mil para mejorar caminos rurales, es decir que en los 13 meses más recientes estas contrataciones subieron Q450.6 millones.
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Asimismo, el promedio mensual de los 13 meses, de enero de 2020 a marzo de 2021, fue de Q114.7 millones, mientras que el del mismo periodo, pero de 2024 a 2025, fue de Q144.73 millones, es decir, Q30 millones más por mes.
El rubro de gasto por el mejoramiento de caminos rurales o vecinales es uno de los más complicados para fiscalizar, de acuerdo con especialistas de gestión pública, debido a la gran cantidad de eventos que lanzan las comunas (de 2020 a 2024 fueron adjudicados al menos 6 mil 461) y porque muchos de estos se encuentran en lugares alejados.
De esa forma, es probable que los equipos para fiscalizar de la Contraloría General de Cuentas (CGC) no se den abasto. A inicios de 2024, esta entidad contaba con cerca de 500 auditores de tres dependencias para auditar este tipo de gasto, aunque este personal no ve solo a las comunas, puesto que también tiene a su cargo gasto público relacionado con medio ambiente y comunicaciones, infraestructura pública y vivienda, entre otras.
LAS MÁS COMPRADORAS
La Hora revisó en la misma plataforma cuáles han sido las comunas que más han adjudicado mejoramiento de caminos rurales en estos 13 meses, y en ese sentido es la de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, la que tiene el primer lugar con 5 concursos que suman Q37.9 millones.
En segundo lugar, está la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, que ha hecho 12 adjudicaciones por Q32.8 millones. Luego, están las de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, con Q29.3 millones, producto de 27 concursos; San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, Q23.8 millones, en 13 adjudicaciones, y San Sebastián, también en Retalhuleu, con 15 contratos adjudicados por Q22.2 millones.
Las comunas de Nahualá, Sololá, San Miguel Chicaj —Baja Verapaz—, Amatitlán, —Guatemala— y Colotenango —Huehuetenango—, han hecho contrataciones por arriba de los Q20 millones.
CONSTRUCTORAS
Por aparte, en relación con las empresas más beneficiadas con contratos, la lista la encabeza Constructora Ochoa López, que ha logrado contratos por Q32.9 millones, de acuerdo con la plataforma tecnológica utilizada por La Hora.
Le sigue Construcciones Innovadoras de Guatemala, cuyos contratos ascienden en 13 meses a Q32.76 millones; Constructora M & M, con Q28.11 millones; Arrendamientos Cruz López, Q24.54 millones; y OCP, Constructores, S. A., cuyas adjudicaciones fueron por Q24 millones.
La lista de las 10 más favorecidas la completan: Constructora Dimaproc, que se hizo de contratos por Q23.1 millones, Constructora Cardona, por Q23 millones; Calera y Transporte García Paiz, Q19.7 millones; Corporación e Inversiones Galmot, Q19 millones y C & M Ingeniería, con contratos que le favorecieron en estos 13 meses por Q17.8 millones.
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VIEJOS Y NUEVOS CONOCIDOS
De las 10 constructoras más favorecidas por contratos del Estado, ocho tienen un largo historial de hacer negocios con entidades públicas en donde han logrado contrataciones millonarias.
Así, Guatecompras refleja que a Constructora M & M, Constructora Cardona, Constructora Dimaproc y Calera y Transporte García Paiz, se les comenzaron a hacer adjudicaciones entre 2004 y 2010.
Mientras que, Constructora Ochoa López, Construcciones Innovadoras de Guatemala, OCP Constructores y C&M Ingeniería empezaron a firmar contratos entre 2013 y 2016.
Por aparte, hay dos compañías que empezaron a obtener contrataciones desde 2020, año en que comenzó el gobierno de Alejandro Giammattei. En esta administración fue recurrente que empresas se crearon y se volvieron millonarias de la noche a la mañana gracias a contratos públicos.
Constructora e Inversiones Cruz comenzó a figurar con adjudicaciones en 2020 y para diciembre de 2023 ya había obtenido Q102.47 millones, producto de 146 contratos, la mayoría firmados con municipalidades del departamento de Huehuetenango, y algunas de San Marcos.
Corporación e Inversiones Galmot es un caso similar. Comenzó a hacerse de adjudicaciones en 2020 y al final de 2023 estos sumaron Q32.5 millones por 21 contratos que obtuvo con municipalidades de los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu, Quiché y Alta Verapaz.
Esta compañía recibió el 11 de enero de 2024, tres días antes de que las antiguas autoridades ediles de la comuna de la cabecera departamental de Quetzaltenango entregaran el cargo, un contrato por Q17 millones para mejorar un camino rural contiguo al aeropuerto de Los Altos, en el cantón Llanos de la Cruz, que terminó costando Q21.3 millones, según documentos de Guatecompras.
ES NECESARIO CAMBIAR EL MECANISMO
El analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES), Luis Linares, señaló a los contratos para el mejoramiento de caminos rurales como «uno de los grandes desaguaderos de dinero público», puesto que «se prepara un camino y en 15 días, con los primeros aguaceros, el trabajo desaparece».
«No hay forma de comprobar si a ese camino se le hizo mantenimiento o los trabajos contratados», lamentó el entrevistado.
Linares dijo que los caminos rurales deben ser atendidos; sin embargo, expuso que la mejor manera de hacerlo para evitar malos manejos, es con equipo y maquinaria propiedad de las comunas y con mano de obra no calificada que bien puede ser de las comunidades, con lo cual se contribuiría al desempleo estacional que ocurre en el campo en épocas que no son de cosecha.
El analista calificó de «asalto alevoso y criminal» el que, 2020 a 2023, las comunas adjudicaron más de 6 mil contratos públicos para el mejoramiento de caminos rurales que adjudicaron las municipalidades.
Ese sentido, dijo que hace unos años pasaba lo mismo con los contratos para el dragado de ríos, puesto que nunca se podía establecer si las empresas, en efecto, cumplían con sus obligaciones.
Fue hasta que el Congreso legisló de que estos dragados debían hacerlo las municipalidades con recursos propios que se terminó el problema, por lo tanto, añadió Linares, con los caminos rurales podría hacerse lo mismo.
DEBEN AUDITAR
En consideración de Edy Cifuentes, consultor en asuntos municipales, toda obra pública, “más con lo enraizado que está la corrupción”, es susceptible a malos manejos.
Dijo que el incremento de adjudicaciones por el mejoramiento de caminos rurales en los últimos años va de la mano con el hecho de que ahora hay más recursos y las necesidades en las poblaciones rurales han crecido. Por lo tanto, atender estos proyectos de infraestructura representa réditos políticos, puesto que los caminos son utilizados por todos.
Además, resaltó que hace unos años el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) —instancia que aglutina a los Consejos de Desarrollo— acordó no financiar pavimentaciones en áreas urbanas, por lo cual todo mejoramiento que se hace, ahora, es en las áreas rurales.
Sin embargo, a pesar de los millonarios recursos que se invierten año con año en estos caminos, las mejoras no han llegado a todos los municipios. Cifuentes puso como ejemplo, caminos cercanos a la ciudad de Guatemala que continúan en mal estado, como en San José Pinula, Palencia o en San Carlos Alzatate, Jalapa.
El analista considera que la Contraloría General de Cuentas (CGC) cuenta con recursos para fiscalizar estos proyectos puesto que los caminos rurales son obra pública la cual “es susceptible de ser auditada”.
La oficina de Comunicación de la CGC no respondió a una solicitud de comentarios que le hizo La Hora, si emiten alguna postura se incluirá en este espacio.
