POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt

La polémica por el nombramiento de Sherry Ordóñez como ministra de Comunicaciones no termina, ya que hoy salieron a luz nuevas informaciones que contradicen las declaraciones de la funcionaria, que es cuestionada por su insolvencia en aspectos tributarios y su vínculo con empresas que fueron contratistas del Estado.

En la conferencia de prensa de ayer, la titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) dijo a periodistas que fue confirmada para el cargo “menos de 48 horas antes de ser juramentada”.

De acuerdo con esa afirmación, si Ordóñez fue juramentada la noche del 14 de enero, solo horas después de que Jimmy Morales tomara posesión como presidente, se le habría confirmado para el cargo la noche del martes 12 de enero o en las horas posteriores.

Sin embargo, el portavoz de la presidencia, Heinz Heimann, aclaró que Ordóñez realmente había sido notificada para ocupar el cargo cuatro días antes –el lunes 11 de enero– de ser juramentada. “Para ella fue una muy grata sorpresa”, afirmó.

“Ella estaba dentro de la base de postulantes, pero fue avanzando en un proceso y prácticamente fue notificada el día lunes”, dijo.

La polémica sobre la fecha de su confirmación en el cargo surgió cuando se consultó a la funcionaria sobre su inhabilitación en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ya que según el ente recaudador debe pagar unos Q70 mil en impuestos y esta situación no había salido a luz antes.

Heimann explicó que esta selección se hizo a sabiendas de que ella había sido contratista del Estado, porque “no es ningún delito”, sino que “el problema es ser contratista mientras se es funcionaria”, expuso el comunicador.

Y aclaró que la situación de Ordóñez en la SAT fue consultada en el portal de esta institución, pero en ese momento todo estaba “en orden”, pues su NIT no se encontraba inhabilitado.

VICEPRESIDENTE DIFIERE CON MINISTRA

Ante la afirmación de la Ministra, sobre su confirmación en el cargo con pocas horas de anticipación, el vicepresidente Jafeth Cabrera aseguró que no compartía las declaraciones de la ministra porque ella había participado en el proceso de discusión y del partido político. “No lo veo de esa forma”, aseguró el vicemandatario.

“Ella estuvo desde hace mucho tiempo trabajando con nosotros, en el equipo de propaganda, de análisis y de discusión de cada uno de los temas en las mesas de profesionales”, expresó.

Asimismo, descartó la posibilidad de que existiera un “complot” contra la funcionaria, como ella sugirió en la conferencia de prensa de ayer, al aclarar su situación fiscal.

“Para aspectos administrativos no existen complots, existen procesos y este es el momento de demostrarlo”, enfatizó.

Cabrera fue contundente al decir que todo funcionario debe estar abierto a la auditoría social y que lo que corresponde a la ministra es aclarar los señalamientos.

RESPALDO NO ES TOTAL

Por su parte, Ordóñez justificó que no renunciaría a su cargo porque contaba con todo el respaldo del presidente. Sin embargo, Heimann aclaró que el presidente no estaba de acuerdo con esta afirmación.

“El respaldo no se refiere a que se queda en el puesto, sino que cada ministro se debe defender porque el presidente no va defender a nadie, ni va a tolerar actos anómalos”, explicó Heimann.

Asimismo, informó que la postura del presidente era brindar a la funcionaria un tiempo prudencial para resolver su situación y, de no ser así, se tomaría la decisión de removerla del cargo.

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