En la actualidad el Sistema Penitenciario (SP) está enfrentando una de las peores crisis en la historia del país. Las autoridades de esa institución lidian con un problema que nunca se podrá resolver sin el involucramiento del Estado en su conjunto como lo dice la Ley Suprema y la Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024.
Es un problema que merece la atención de las nuevas autoridades y no solo porque el Estado tiene la responsabilidad de respetar la dignidad de las personas privadas de libertad (PPL), sino por el impacto significativo que tiene el servicio penitenciario en la sociedad.
Varias personas festejan las muertes en custodia producidas en motines, pero no se dan cuenta que tener un SP débil implica reproducción de la delincuencia, enfermedades en el medio libre, riesgos de sanciones internacionales, riesgos para la seguridad pública, pobreza e incapacidad para garantizar la vida de los usuarios de los centros de detención, en donde se brinda un servicio público que cualquiera mayor de 18 años podría llegar a utilizar, padres, madres, hijos etc., con una probabilidad de 0.2 por ciento.
El problema afecta la seguridad ciudadana, porque la falta de control de los centros de detención permite la coordinación de crímenes desde estos recintos.
La incapacidad de brindar un tratamiento individualizado genera un 59 por ciento de reincidencia penitenciaria de aquellas personas que regresan a la sociedad a un ritmo de 13 libertades diarias, en las cuales la mayoría de estos individuos retornan a la sociedad en peores condiciones de las que enfrentaba antes de entrar a prisión, sin trabajo, tal vez sin nexos familiares, con deudas y con vínculos con el crimen organizado.
Además de lo anterior se suma el riesgo de las evasiones masivas de peligrosos criminales y la reproducción de la delincuencia por la contaminación penitenciaria dentro de las áreas de reclusión, así como por la influencia de los padres no rehabilitados con sus hijos.
En lo que se refiere a la salud pública, hay que resaltar que la escasa atención médica y la discontinuidad en la medicación que se brinda a las PPL, promueve la aparición de las temidas superbacterias en las áreas de reclusión, las cuales pueden fácilmente propagarse al medio libre por medio de visitas y los empleados. De allí porque en algunos países desarrollados se está considerando seriamente priorizar la atención de las PPL para garantizar la salud pública.
En el campo de la economía hay que mencionar los valiosos fondos que se pierden por concepto de seguridad, manutención y rehabilitación de PPL reincidentes, así como por la reparación y ampliación de la infraestructura penitenciaria, etc. Finalmente en las relaciones internacionales del país se ven afectadas por los reparos y denuncias por las violaciones a los derechos humanos en los centros de detención, las cuales pueden resultar en sanciones de la comunidad internacional.
Dr. Elliott H. Palma Everall
DPI 20318 19382 0101
