POR WALESKA HERNÁNDEZ
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Antonio Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula, fue ligado a proceso por solicitud del Ministerio Público (MP), por su presunta responsabilidad en el deslizamiento de El Cambray II, donde murieron cientos de personas. El exfuncionario es señalado de homicidio culposo, un delito por el que puede ser condenado a 8 años de prisión.
A solicitud del Ministerio Público (MP), la jueza ordenó arresto domiciliar para el exjefe edil, una fianza de Q300 mil y la prohibición de acercarse a la municipalidad de Santa Catarina Pinula, empleados, a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el Insivumeh.
Además el exfuncionario tiene prohibido salir del país y deberá firmar el libro del juzgado cada mes.
Antes de ser ligado a proceso, Coro se declaró inocente ante el juzgado noveno penal. El exfuncionario señaló que el proyecto habitacional ya estaba construido cuando asumió la alcaldía en el año 2000.
Según dijo Coro a la jueza a cargo de su caso, en 1995 el entonces propietario de la finca era Proyectos Girasol, y su representante solicitó, el 27 de diciembre del mismo año, a la alcaldía, una licencia para desmembrar los lotes, pero esta no fue atendida.
De acuerdo con su versión de los hechos, cuando asumió la dirección del municipio, el proyecto habitacional ya estaba construido y contaba con todos los servicios básicos. Sin embargo, durante el primer invierno, se hicieron evidentes los problemas ocasionados por la topografía del lugar.
Coro aseguró que en sus 15 años de gestión se construyeron gaviones, dragados, una carretera y un puente para mermar los efectos de las inundaciones que se provocaban cada año.
El exalcalde dijo que el 29 de julio de 2014 solicitó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) un dictamen más específico sobre los riesgos del lugar y las medidas que debían tomar. Casi un año después, recibió respuesta, pero no el estudio requerido, que hasta la fecha, no ha sido realizado, según explicó.
El sindicado indicó que hizo el mismo requerimiento al Ministerio de Ambiente, al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y al Ministerio de Comunicaciones.
Coro refirió que, hasta la fecha, no existe un acuerdo gubernativo que declare la zona del desastre como zona de alto riesgo o zona inhabitable.
“Declararon alerta roja ocho días después de la tragedia, el estado de calamidad, 15 días después y se ratificó en el Congreso 30 días más tarde. De haberlo realizado antes del 1 de octubre se hubiera evitado”, lamentó el exfuncionario.
“Como alcalde no podía negarles los servicios básicos ni cortárselos porque el mandato es todo lo contrario. Para sacarlos del lugar era necesaria una orden judicial”, se defendió.
Alejandro Maldonado, secretario ejecutivo de Conred, explicó que la ley no contempla la figura de “inhabitable”. La única figura que existe legalmente es la de “Sector de Alto Riesgo”, que es emitida por la Junta Ejecutiva de Conred.
“La declaratoria de Alto Riesgo tiene muchas implicaciones legales, siendo una de ellas la inhabitabilidad del lugar”, dijo Maldonado.
En el caso del Cambray II, señaló, se emitió la declaratoria de Alto Riesgo desde el 2001, y en el 2014 se informó por escrito a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula que la declaratoria del 2001 seguía vigente y que el Cambray II estaba dentro de esa área.
AÚN VIVEN PERSONAS EN EL LUGAR
El alcalde Víctor Alvarizaes, también señalado por este caso, aseguró que en el lugar del deslave aún viven 10 personas que se rehúsan a mudarse a las casas elaboradas por el Gobierno de Alejandro Maldonado.
Igual testimonio brindó Coro ante la jueza, a la que le presentó un Acta Notarial que indica que, efectivamente, existen personas habitando el lugar.
Maldonado confirmó que pese a la presencia de dos policías para evitar que ingresen personas al lugar, las mismas lo siguen haciendo.
