La decisión de implementar el seguro obligatorio de romplón, sin un proceso conocido de diálogo e información coherente para la sociedad, está complicando la vida a los guatemaltecos porque ha sido bien aprovechada por varios para crear un torbellino social que recuerda lo ocurrido en 2023 cuando la población mostró su malestar por las acciones contra el proceso electoral. El gobierno de Arévalo encontró varios problemas muy antiguos como la falta de implementación de la ley que obliga al seguro obligatorio o el tratamiento de la basura, pero en ambos casos obvió la concertación social, indispensable para que la gente entienda y acepte la imperiosa necesidad de empezar a poner orden.
No por mucho madrugar amanece más temprano, decían antes las abuelas y ello se confirma ahora cuando, de la noche a la mañana, se impone la obligatoriedad del seguro para los propietarios de cualquier tipo de vehículos. Eso funciona así en casi todo el mundo y son raras las excepciones, pero no era nada más de lanzar el reglamento, a sabiendas de la intensa oposición de aquellos sectores empeñados en mantener un sistema podrido, sino que, como con la basura, hizo falta una eficiente campaña de información a toda la ciudadanía sobre la importancia de tales acciones, además de incluir a los separadores en el ecosistema.
Ni siquiera con las aseguradoras se tuvo el necesario acercamiento para negociar adecuadamente el tema del costo de los seguros sino que el lunes se publicó en el Diario Oficial la decisión. En 24 horas se hizo una inmensa movilización que prácticamente ha paralizado buena parte del país con una coordinación que va mucho más allá de la espontaneidad; hasta carreras de motos clandestinas realizadas por motoristas sin casco, para evidenciar su irrespeto por la vida, se han hecho en el marco de la protesta que se ha salido de control de un gobierno que no puede reprimir a quienes hacen bloqueos porque nunca criticaron las acciones similares que se dieron en el 2023. La intención era detener un golpe a la Democracia, pero en La Hora siempre dijimos que no podía ser limitando la movilidad incluso de quienes querían democracia.
Insistimos en que temas como el manejo de la basura, el de la antigüedad de los buses y la obligación de contar con un seguro para quienes poseen vehículos, son asuntos fundamentales que desde hace mucho tiempo debieron ser abordados por los sucesivos gobiernos. Pero la falta de una estrategia de comunicación efectiva sigue pasando factura al gobierno que actúa impulsivamente, sin la necesaria planificación y estrategia que incluye prevenir reacciones contrarias que pueden ser hábilmente utilizadas por quienes gozan viendo el desgaste del actual gobierno.
Postergar la implementación de una medida que debió realizarse hace décadas no es signo de debilidad si se aprovecha la circunstancia para llevar a cabo esa concertación social que nos haga entender que son más los beneficios que se derivan de la existencia universal de seguro para los vehículos, además que una medida de esta naturaleza nos ayuda a atacar de fondo la informalidad que existe en el país.
