El crimen cometido contra Floridalma Roque, la mujer de 59 años de edad que se sometió a un tratamiento de cirugía plástica con el doctor Kevin Malouf y que fuera descuartizada luego de haber muerto en el procedimiento, ha sido uno de los que más han captado la atención de los guatemaltecos que siguieron la compleja trama para tratar de ocultar esa criminal muerte. Pero el colmo de todos los colmos se produjo ayer cuando el juez Pedro Laynez, quien llevó el caso desde el principio y fue cuestionado por la familia de la víctima por el preferente trato que brindó desde el principio al galeno, decidió que el delito era simplemente de homicidio culposo, no obstante la evidente mala fe al descuartizar a la señora Roque.
Tanto Malouf como los otros sindicados, que trabajaron con él en la operación de cirugía estética de la señora Roque, tranquilamente aceptaron los aguados cargos por homicidio culposo, calidad que se aplica a una muerte causada sin intención. Podría aceptarse que la anestesióloga y la enfermera fueran condenadas por homicidio culposo porque ellas solo asistieron a Malouf en la cirugía, pero Kevin Malouf no solo provocó la muerte de su paciente sino que además hizo todo para ocultar el hecho, descuartizando el cadáver y luego ocultándolo para negar a los familiares su muerte.
A cualquier médico se le puede morir un paciente, pero qué hace el doctor luego de ese lamentable suceso es lo que marca la diferencia y por eso la manera en la que Malouf quiso ocultar la muerte, la forma en la que manipuló el cuerpo, quiso engañar a sus familiares, fabricó una supuesta salida de la paciente que luego quiso usar como prueba, es lo que vuelve todo criminal.
Maliciosamente se hicieron videos, nada “culposos”, en los que se fingía que la muerta había salido caminando de la clínica y esos fueron enseñados a los parientes cuando llegaron a averiguar qué había pasado. Si el homicidio hubiera sido realmente “culposo” la verdadera aceptación de cargos debió ser hecha por el médico ante los parientes que indagaron sobre el resultado de la operación. En cambio, con toda la malicia, alevosía y ventaja se planificó y ejecutó el crimen adicional de descuartizar el cuerpo de la víctima y es inaudito que un juez pasara por alto esos enormes detalles.
La justicia en Guatemala, tristemente, está en manos de funcionarios comprometidos con la impunidad que no solo beneficia a los ladrones que se roban los fondos públicos sino a cualquier delincuente que pueda “comprar” una sentencia al gusto del cliente. No hay forma de rebatir ese argumento porque es clarísimo el caso que comentamos y que muestra cómo, en nuestro país, no solo hay licencia para robar sino también para matar tranquilamente a cualquiera.
Descuartizar un cadáver no puede ser parte de un caso de homicidio culposo, es decir no intencional; por el contrario, es un homicidio agravado por la acción del galeno y quienes le asistieron en la sucia acción para desaparecer el cadáver de la víctima. Y que todavía resulte liberado tanto de culpa como de la cárcel es una grave ofensa a la justicia y a la sociedad, propagando una especie de licencia para matar impunemente.
