Aún antes de que la Superintendencia de Administración Tributaria denunciara al contratista del Estado, Douglas Espinales Baños, en el marco del caso de defraudación tributaria Eureka-B410 en noviembre del año pasado, el Ministerio Público ya había informado en septiembre que tenía dos denuncias en su contra. Siete meses después, sin embargo, no dan información sobre el curso de esas investigaciones, así como tampoco de una que afirmaron estar realizando desde el 2023, luego de publicaciones de este medio sobre anomalías en las obras que le fueron asignadas.
Tal y como lo informamos en el trabajo de investigación publicado sobre la forma tan distinta de operar en los tiempos del MP ahora no dan ninguna información respecto al curso que han dado a las labores de investigación relacionadas con los contratos suscritos por la empresa Construcción y Transportes Espiba. El mismo MP, en su comunicado de septiembre decía que las denuncias eran por obras de remozamiento en los Hospitales Nacionales de Jutiapa y San Benito, Petén, pero al día de hoy no dan respuesta sobre si las mismas continuaron o si hay ya alguna acusación presentada oficialmente a los tribunales.
Se trata de una empresa que, durante el gobierno de Giammattei, fue beneficiada mediante contratos que superan la cifra de 147 millones de quetzales, a lo que se tiene que agregar que sobre las ganancias que pudo obtener en esas operaciones, nunca pagó los impuestos correspondientes según la SAT, razón por la cual el ente recaudador también lo acusa de Defraudación Tributaria.
No es casualidad que la postura del #MPfuerteYfirme se vuelva totalmente #MPfrágilYflojo puesto que se trata, nada más y nada menos, que de operaciones que fueron “casualmente” otorgadas durante el gobierno de Alejandro Giammattei y el Jefe de Jefes, sobre quienes 416 días prueban que el Ministerio Público no tiene interés en mover ni un dedo. En otros casos, como el de algún periodista que haga una pregunta que molesta a la Fiscal General, mueven todas las piezas para tratar de eliminar el derecho a la libre expresión.
En cambio, cuando se trata de investigar a aquel que llamó a la misma Consuelo Porras “vieja ****” cuando le exigía al mismo Giammattei que hiciera presión sobre la Fiscal para aniquilar el resultado de una elección que no salió como ellos querían, voltean la vista a los valladares de impunidad que todavía persisten en Guatemala.
La existencia de distintos raseros es algo que hemos comprobado todos los guatemaltecos porque no se trabaja todo con rigurosa igualdad y sin la menor diferencia. Y como Espinales Baños se puede terminar llevando de corbata al Jefe de Jefes y a su pareja, mejor dejar que el caso duerma el sueño de los justos.
