Juan José Narciso Chúa
La ciudadanía en Guatemala nunca había tomado un papel tan trascendente como se pudo palpar durante las movilizaciones de abril a agosto 2015. Esto es un hecho que se reitera como inédito, y por lo tanto, histórico en todo el desenvolvimiento del país, principalmente en que se refiere al período democrático. Tuvieron que pasar 30 años y una instancia decidida -MP y CICIG-, que actuando en el marco jurídico del país, desbarataran una red criminal que implicaba a las más altas autoridades del país, lo cual provocó una movilización ciudadana sin precedentes.
La movilización ciudadana fue espontánea, sin duda, pero provocó una configuración social distinta, concitó incluso alianzas que resultaban inesperadas como el caso de las universidades del país y movilizó a ciudadanos de diferentes edades y clases sociales con un solo objetivo: demostrar su descontento y provocar con ello la caída de los mandatarios, así como generar un espacio fértil para cambios políticos que desafortunadamente no se pudieron llevar a cabo, pero que continúan pendientes en la agenda del imaginario social de esa ciudadanía que se movilizó inmediatamente y no reparó en peligros, ni pasados ominosos, sino al contrario se lanzó a la calle a gritar, a cantar, a mostrar su descontento, pero lo principal a buscar una nueva sociedad.
Después de esa movilización ciudadana sin precedentes, la valiente actitud de la CICIG y el MP ha continuado desarticulando a aquellas mafias cupulares que mantienen al Estado secuestrado por negocios, por tráficos de influencias, por los contratos amañados, por las obras con bajas ponderaciones técnicas, únicamente para obtener los réditos de estos negocios y beneficiarse mutuamente con funcionarios oficiosos y ladrones y acrecentar las fortunas de empresarios mañosos.
Ayer, le tocó a la cúpula de gobierno, tanto el mandatario y su vicemandataria, se tocó a la SAT y toda la red criminal que tejió una red alrededor de esta institución para apropiarse de fondos de la operación aduanal; luego vino el negocio del IGSS-Pisa; cercanamente ocurrió lo de los dedicados a tráficos de influencias y finalmente los negocios de la salud.
Recientemente pudimos observar cómo se desarticulaba otra auténtica mafia, sólo que hoy se tocó a la cúpula de veteranos militares, aquellos que fueron los todopoderosos de esos años, quienes se ensañaron contra cualquier ciudadano, contra cualquier aldea, contra cualquier organización, que tuviera el menor atisbo de estar comprometido, sin pensar que fueran mujeres, niños o ancianos. Aquellos quienes hoy imploran ser inocentes, pero no se tentaron el alma para secuestrar a un joven de 14 años, para obligar a su hermana a entregarse, este joven jamás apareció. Y como este caso, seguramente hay muchos más.
Estos militares estuvieron vinculados a violaciones de los derechos humanos y son protagonistas de historias y hechos realmente dantescos, conforman un auténtico museo del horror, que merecen llevarse a la justicia y ahí dirimir su responsabilidad histórica. La pregunta es que si cayeron las cúpulas del Estado, funcionarios de alto nivel y financistas de partidos políticos, luego cayó la cúpula de militares con un pasado que merece justicia, entonces ¿qué otra cúpula estará pendiente de desarticularse en el futuro cercano?
¿Será que vendrán secuelas de viejos negocios sucios como el transporte?, ¿será que vinculará a anteriores gobernantes? ¿O será que llegará hasta aquellos empresarios que también fueron parte de este festín del Estado?
En todo caso, la ciudadanía responsable tiene la palabra, la movilización ciudadana nos concita nuevamente a velar por nuestro bienestar, todavía palpita la fuerza del pueblo en la plaza, gritando consignas del pasado y otras del presente, pero igual, todas constituyen esfuerzos que se deben replicar para defender nuestra sociedad, el legado de nuestros hijos, el futuro de nuestro país. La ciudadanía es y será un auténtico factor de cambio. Mantengamos nuestro interés legítimo por un país distinto.
