Autor: Jennifer Paniagua
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“La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez; en política, muchas veces”. Winston Churchill
En la actualidad, Guatemala afronta una de las realidades más complicadas en su historia moderna, una dictadura judicial.
Bajo una lista de nombres de personas criminalizadas, entre ellas, Ligia Hernández, Marcela Blanco, Eduardo Masaya y Rubén Zamora, se contrastan con rostros como Jimmy Morales, Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, los cuales permanecen en la libertad e impunidad constante.
El Ministerio Público ha creado un Modus Operandi estructurado. Cuando una persona, con su actuar político, genera incomodidad a su estructura de poder, comienzan la persecución y captura.
La primera fase es la realización de una audiencia unilateral en la que se pactan las órdenes de captura.
La segunda fase es la captura de la persona y su traslado a Torre de Tribunales, donde conoce los cargos que se le imputan; sin embargo, la audiencia de primera declaración es postergada mientras que el expediente es elevado al Juzgado Séptimo Penal del Juez Fredy Orellana.
La tercera fase es la solicitud de la reserva del caso y la exclusión de los medios de comunicación, no sería una dictadura sin la censura.
Por último, la persona es ligada al caso “Corrupción Semilla” y la fiscalía muestra videos y comentarios vía “X” para “fundamentar” la necesidad de que la persona tenga una medida de coerción, enviándola así a prisión preventiva por un tiempo indefinido.
La dictadura judicial en la que vive Guatemala no solo ha abarcado el caso “Corrupción Semilla”, ha llevado a que periodistas sean acusados de violencia contra la mujer por cuestionar a la fiscalía, como es el caso de Diego España.
Como reflejo, la persecución constante y tratos inhumanos a mujeres, como es el caso de Virginia Laparra o casos insólitos de cooptación como el de Rubén Zamora, encarcelado por más de 800 días en los que la fiscalía no pudo mostrar pruebas sustentables y contundentes de los cargos que se le imputan.
Se ha escuchado a jueces decir en tribunales que “no les importan los temas políticos”; sin embargo, ¿Cómo no importarles? Si los casos que hoy no cuentan con pruebas suficientes para llevar a cabo una audiencia son de constante persecución a los que podrían ponerle fin a su régimen de impunidad y corrupción.
Aunque se habla de una dictadura judicial, se debe comprender que es meramente política. Una persecución orquestada por María Consuelo Porras y apoyada por Fredy Orellana, Rafael Curruchiche y Leonor Morales, estructura que pronto dicta su fin.
La transparencia en el poder judicial es crucial para el beneficio de la población y de las personas que la constituyen, porque de ser lo contrario, con un descontento o una publicación en “X” podríamos ser los siguientes tras las rejas.
Las acciones para eliminar la cooptación del sistema judicial comenzarán pronto y es responsabilidad de las juventudes involucrarnos en ese cambio trascendental y tomar los espacios de poder que durante tanto tiempo se nos han negado.
