Juan Antonio Mazariegos G.
En diciembre de 1996 el Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca pusieron fin a 36 años de lucha armada que desangraron a este país, mediante la firma de los denominados Acuerdos de Paz.
A lo largo de esos 36 años, muchísimas familias fueron enlutadas y la violencia y las armas se llevaron vidas, sueños y esperanzas de miles de guatemaltecos de ambos bandos del conflicto. Diecinueve años después y luego de la captura de 18 exmilitares, la Jefe del Ministerio Público reveló mediante rueda de prensa que los detenidos tienen como común denominador haber servido en el Ejército de Guatemala, con puestos de mando que les habrían podido dar relación con los hechos ocurridos en la zona militar número 21, ubicada en la Ciudad de Cobán, Alta Verapaz, en donde se encontraron fosas clandestinas con más de 500 cadáveres de personas con aparentes señales de tortura o ejecución, y que varios de estos cadáveres luego de los análisis de ADN se determinó que corresponden a personas cuyas desapariciones forzadas ocurrieron en ese departamento entre 1981 y 1986.
Una pequeña columna de opinión no puede pretender jamás analizar, a partir de los hechos relatados, la participación, las pruebas o la culpabilidad o no de las personas que hoy se encuentran capturadas y que al final de todo es lo único que ahora importa. Entiendo como Abogado que un proceso debe de darse a partir de que se comete un delito y aquí los muertos allí están y quien sea el responsable de su muerte debe de ser juzgado. Eso sí, la calificación de responsabilidad no puede ser dada por la prensa ni por la opinión pública, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y esa condición debe de ser dada única y exclusivamente por un tribunal competente luego de haber garantizado plenamente los derechos de defensa de los acusados.
Esta guerra no nos abandonará jamás en tanto las opiniones políticas e ideológicas del pasado priven sobre los principios jurídicos, corresponde al Ministerio Público probar la participación directa de los sindicados en los hechos a través de órdenes específicas o la propia ejecución de los mismos, pero esta vez no podrá apoyarse en el simple organigrama del Ejército de aquel entonces.
Una nueva fase del conflicto se ha desatado y hasta donde llegue dependerá de la responsabilidad y objetividad de jueces, fiscales y abogados. Que Dios los ilumine.
