POR JAVIER ESTRADA TOBAR
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En la gestión de Gobierno Jimmy Morales tendrá por delante grandes retos relacionados con la reforma del Estado, el combate a la pobreza, la reducción de la inseguridad y el fortalecimiento de recaudación fiscal, pero también encontrará la difícil tarea de gobernar a un país polarizado ideológicamente, especialmente por los procesos que se avecinan en el sistema de justicia.
Al margen de lo que resuelvan las instancias judiciales, la tarea de Morales será gobernar el país de 17 millones de guatemaltecos, incluyendo por supuesto a los que exigen que se condene el genocidio, los que lo niegan y demandan que cesen los procesos penales por casos del conflicto armado interno, e incluso sobre los que son indiferentes ante los dilemas que se presenten en el aparato judicial.
Si realmente la unidad nacional es una preocupación, entonces Morales tendrá que anteponer los intereses de los guatemaltecos y del Estado sobre la agenda de los grupos en discordia, lo que puede llegar a generarle serios conflictos, pero también podría significar un avance importante en el proceso de fortalecimiento de las instituciones y de la gobernabilidad, pero sobre todo de la reconciliación nacional.
Las experiencias de años atrás nos dejan claro que los presidentes, al tomar partido en los procesos judiciales polémicos, solo contribuyen a caldear los ánimos y a revivir la confrontación que le hace daño a la sociedad, ya que lo que verdaderamente se necesita en Guatemala es una población cada vez más unida para hacer frente a los retos que se avecinan.
En una ocasión Otto Pérez Molina opinó sobre el genocidio y sus palabras fueron determinantes para la exacerbar la polarización de la sociedad y para despertar los añejos discursos de las personas y grupos que aun cuando ya finalizó el conflicto, buscan dictar la verdad a su conveniencia.
Por suerte y sin planificarlo, Pérez Molina también consiguió reunir a miles de guatemaltecos, de diversas ideologías y formas de pensamiento en la Plaza de la Constitución, para manifestar contra la corrupción, la impunidad y los privilegios que salieron a luz en diversos casos que salpican al gobierno del Partido Patriota.
En el caso de Morales, debe tener claro que más allá de preocuparse por los fallos de las cortes, tiene que responder a las demandas de la población que exigen transparencia en el Estado, incluido el sistema de justicia, y piden reformas que conduzcan a elecciones de jueces y magistrados honorables, idóneos y capaces.
Y es que si algo puede unir a los guatemaltecos es la desesperación y la frustración que generan los juzgados, tribunales, salas y cortes cuando no responden a la demanda de justicia, lo que genera un clima de ingobernabilidad y de impunidad con alta factura para los guatemaltecos.
Los casos que se avecinan son un reto para el sistema de justicia, para Morales y para la población, que debe demostrar el respeto por las instituciones y por las decisiones que de ellas emanen, o de lo contrario, deberán sumarse a las voces que exigen reformas en el Estado.
