Raúl Molina
Después de más de 61 años de inmunidad de facto para los “poderosos”, desde la mal llamada “liberación” en 1954 – continua oscuridad de falta de justicia, con pocos recientes destellos de luz, como el juicio por genocidio contra Ríos Montt y otros pocos casos sobresalientes—se asestó el 6 de enero un golpe histórico al muro de la impunidad. Luego del embate a la corrupción por parte de la CICIG y el Ministerio Público, que acabó con las líneas de robo y abuso repletas de exmilitares y militares activos, organizadas en todo el Estado por Otto Pérez y Roxana Baldetti, la captura de 18 oficiales militares retirados constituye un parteaguas en la lucha contra la impunidad. Como resultado de las excavaciones realizadas en Alta Verapaz, en fosas clandestinas, en donde se encontraron los restos de 558 personas, entre ellas 90 menores de edad, 3 adultos mayores y 22 de edad indeterminada, fueron capturados 14 exoficiales de alta graduación, incluidos Benedicto Lucas, quien pide que por estos hechos se le dé la Orden del Quetzal, Byron Barrientos y otros 12. De las 558 osamentas encontradas, 90 corresponden a personas detenidas-desaparecidas. Por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, caso emblemático en la CIDH, y muchos más, han sido capturados Gordillo, Letona, Zaldaña y Antonio Callejas, el “capo de capos” (El Periódico). El MP ha solicitado además el antejuicio del diputado electo del FCN-Nación, Edgar Ovalle Maldonado.
Han empezado las reacciones de quienes apoyan a los acusados, Avemilgua la más vociferante. Niegan los crímenes evidenciados en “Guatemala: Memoria del Silencio” (CEH), entregado al Estado hace 17 años e ignorado por los sucesivos gobiernos; aducen “honorabilidad” de los detenidos; acusan a las ONG y a la comunidad internacional de seguir “la guerra”; y reclaman la captura de integrantes de las fuerzas insurgentes. Quieren ocultar el sol con un dedo e ignoran que la fuente de impunidad –la protección de EE. UU. y CACIF– ha terminado. Finalmente, el Departamento de Estado, que utilizó a las fuerzas militares de nuestro país en su guerra contrainsurgente, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional y en el marco de la Guerra Fría, se ha dado cuenta de que ni la corrupción, ni el crimen organizado ni la violencia criminal pueden ser contenidas si los que han gozado de inmunidad e impunidad por los peores crímenes de lesa humanidad –tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, masacres y genocidio– no son llevados a juicio. Así como otras administraciones de EE. UU. permitieron terminar con la dictadura de Pinochet y la caída de los regímenes militares en Brasil, Uruguay y Argentina, responsables todos de “guerras sucias”, finalmente Obama ha entendido que Guatemala no tendrá salida de su condición de “Estado fallido” sin el desmantelamiento de las estructuras clandestinas paralelas. Así, EE. UU. nos da una de cal, colocando a Jimmy Morales en la presidencia, y una de arena, respaldando las decididas acciones de la Fiscal General y la continuidad activa de CICIG. Se vislumbra la luz; la ciudadanía deberá convertirla en pleno día y seguir el precedente del juicio contra los nazis en Nüremberg.
