POR CLAUDIA PALACIOS
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Activistas de derechos humanos llamaron a debatir sobre el conflicto armado interno sin generar confrontación y a dejar a la justicia hacer su labor en el caso contra 18 militares retirados, acusados de desapariciones forzadas en la década de los 80.
Esto, ante la convocatoria para una manifestación en apoyo a los militares por parte de sus familiares, amigos y simpatizantes.
“Algunos grupos han estado polarizando el debate, pero nunca presentan hechos concretos, sino que solamente tergiversan y manipulan la información. En el fondo lo que persiguen es mantener la impunidad utilizando argumentos ideológicos”, señaló Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack.
Sin embargo, la activista resaltó que todos los grupos tienen el derecho de protestar y expresar su opinión a través de los canales que deseen.
Carmen Aída Ibarra, del movimiento Pro Justicia, considera normal que existan grupos que quieran pronunciarse sobre una decisión judicial, pero advierte que esto no debe impactar en la administración de justicia. “No tenemos más que pedir que las manifestaciones se hagan de forma pacífica y que los órganos de justicia hagan su trabajo con eficiencia y autonomía, a pesar de estas manifestaciones”, dijo.
“Habría que respetar la libertad de expresión de todos los que quieran pronunciarse al respecto, lo que no es conveniente que ocurra es que se fomente la confrontación, porque ya suficiente confrontación hay en el país”, añadió la entrevistada.
Para Ibarra, lo que necesita el país es un debate sano, desde el punto de vista político y social de los casos, y que se dejen las resoluciones judiciales para los fiscales, abogados y jueces.
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, señaló que una vez las manifestaciones se encuadren en el marco del Estado de Derecho guatemalteco, no tendrían por qué tener algún inconveniente, como cualquier otra manifestación ciudadana exigiendo algo de sus autoridades.
Santos también hizo un llamado a separar el debate social del judicial y considera que ambos son procesos necesarios para la reconciliación del país.
“Creemos que es a partir de la justicia donde se puede dar la verdadera columna vertebral de reconciliación en el país. Sin éste no tendríamos una garantía de no repetición de los hechos tan lamentables que hemos empezado a conocer”, dijo.
En tanto, para que el debate social sobre los hechos ocurridos en el pasado no genere confrontaciones debe basarse en la verdad, explicó el entrevistado. “La discusión social solo se puede discutir en igualdad de condiciones cuando el derecho a la verdad se hace explícito. No podemos debatir sobre la base de falacias o de percepciones, sino sobre la base de la veracidad, de hechos comprobados y acciones plenamente identificadas”, amplió.
Para Santos, lo anterior es un proceso que irá permitiendo discutir el pasado, aprender de él, identificarse en el presente y construir un futuro distinto al que se dio durante los 36 años de guerra. “Ahí el eje central es la verdad y la recuperación de la memoria histórica”, indicó.
