El año pasado se escuchó fuerte el clamor de la gente para que se termine la impunidad y los corruptos sean llevados a los Tribunales de Justicia para que respondan por sus delitos, convirtiéndose así la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público en instituciones respetadas por los guatemaltecos. El fin de la impunidad es la clave para resolver tanto los problemas de corrupción como de violencia e inseguridad, pero ocurre que el criterio de algunos sectores sobre el tema se vuelve selectivo cuando aparece el factor ideológico que quedó sembrado tristemente desde la intervención de Estados Unidos en 1954, cuando se nos dividió a los guatemaltecos entre comunistas y anticomunistas.
Ayer afloró en las redes sociales ese sentimiento de que la acción de la justicia no debe ser para todos, especialmente si se afecta a un sector en particular. Por supuesto que el caso de la captura de los militares iba a causar conmoción, y así lo intuimos en el editorial de ayer, al advertir que se vendría una nueva polarización, pero tenemos que entender que la ley tiene que aplicarse para todos. Se reclama que no se persigue a los guerrilleros comunistas sino sólo a los soldados que defendieron al sistema contra la subversión, pero estamos frente a una acción de la Fiscalía de los Derechos Humanos y hay que entender el concepto básico de tales derechos para entender que el ámbito de acción de esa fiscalía es precisamente para investigar abusos cometidos en el ejercicio de funciones públicas. Los crímenes que cometen particulares, a diferencia de los que cometen agentes del Estado, tienen que ser investigados por otras fiscalías, como la de delitos contra la vida, puesto que aunque la muerte sea igual si la comete un soldado o un policía, las implicaciones legales en términos de violación de derechos humanos son distintas. El particular puede ser juzgado por asesinato o por homicidio, pero no por ejecución extrajudicial o desaparición forzada, puesto que estos delitos se tipifican por el actuar en función pública.
Pasó el año pasado que cuando se capturó a un montón de gente que la alta sociedad califica como “shumos” se aplaudió la acción de la justicia, pero cuando cayeron miembros del CACIF, como pasó con la Junta Directiva del IGSS, surgieron voces criticando que se afecte a gente “honorable”.
La ley tiene que regir para todos por parejo y el ente investigador no puede andar haciendo selección de a quiénes se investiga y a quiénes se protege con el manto de la impunidad. Mientras no entendamos claro ese detalle, no podremos salir del régimen de abusos y privilegios.
