Lucrecia de Palomo
Un académico, un abogado, un empresario y un electricista. ¿Qué tienen en común estos cuatro personajes? Pareciera una adivinanza de niños para ponerlos a pensar, lo que sí es que los une la realidad de nuestro país. El común denominador es ejecución extrajudicial por civiles. Los cuatro trabajadores honrados fueron asesinados por el mismo grupo de sicarios, en la misma motocicleta y el mismo carro de bandera. El abogado es Pancho Palomo, mi esposo.
Hace nueve meses lo asesinaron cuando salía de su oficina e iba a almorzar con toda la familia. Un año antes que a él, este grupo asesinó al licenciado Meléndez Sandoval cuando salía de trabajar de la Universidad de San Carlos. Tres meses después de ejecutar a Pancho hicieron lo mismo con el empresario Aranky Rabanales cuando se dirigía a su empresa y el señor Aragón Garrido mientras trabajaba. El mismo modo de operar, vehículos, arma. Solo estos cuatro casos se les pueden probar científicamente a este grupo, pero se asegura que la banda tiene en su haber más de 60 ejecuciones. Sesenta familias que sufren dolor en la orfandad, la mayoría están pasando penas económicas, muchas han perdido hasta su casa porque ya no pudieron seguir pagándola. Emocionalmente devastadas y secuelas de por vida. Guatemala, un país donde el sicariato es un negocio rentable e impune, se desangra con una población imposibilitada de funcionar medianamente por el miedo y el dolor.
La ejecución de Pancho, por ser quién fue, dio lugar a una investigación profunda. Su profesión corre tanto riesgo en el país que existe una fiscalía especializada para investigar los crímenes de abogados y allí han dedicado tiempo, muchísimas horas de trabajo, entrega y porque no decirlo, pasión de parte de los fiscales a esclarecer su crimen. Por eso se conoce la banda, por eso van a juicio seis personas el lunes 11. Lamentablemente tuvo que ser asesinado un tipazo como lo fue él para que cayeran, de lo contrario estarían aun libres aplicando la pena de muerte por dinero. En promedio hay un total de 20,373 víctimas del año 2012 a la fecha, con más de 100 mil víctimas indirectas.
PENA DE MUERTE, políticamente no es correcto ni hacer mención de ella. Solo es que se susurre y la comunidad internacional sale gritando; a los defensores de los derechos humanos se les para el pelo y nos califican de salvajes. Aducen el Pacto de San José. En Guatemala es una pena jurídica vigente. Se ha engañado a la población al decir que al ratificar el Pacto dicha pena quedó abolida. La Convención en su artículo 4º inciso 2. «En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena…»
Miles de personas serán asesinadas en manos de estos grupos que operan en impunidad por pinches dos mil Q (ojalá no sea usted una). Este país se desangra por personajes que pagan y cobran por asesinar. Hasta que uno o varios de ellos no sean ejecutados judicialmente no dejarán de ejecutar por dinero.
