El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, entregó la tarde de este 10 de febrero en el Congreso de la República, la iniciativa de ley para ampliar el presupuesto por Q4 mil 166 millones, para cubrir los compromisos de cuatro artículos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2025 que suspendió la Corte de Constitucionalidad (CC).
Menkos explicó que los fondos que se vieron afectados con la decisión de la máxima corte son para el pago de pensiones civiles del Estado, el traslado de fondos para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), entre otros tener espacio presupuestario para el seguro paramétrico ante «graves» lluvias y contar con recursos de manera rápida y la entrega de bonos de carbón.
«Sobre las fuentes de financiamiento, el 95% corresponde a recursos de Caja, un 5% que provendrá de recursos que podrían provenir del Banco Mundial que está gestionando los bonos de carbón, y recursos que puedan venir del probable utilización del seguro paramétrico», mencionó Menkos.
Respecto a la distribución de dicha ampliación del presupuesto será para pagar:
- Q1 mil 900 millones relacionados con Consejos de Desarrollo
- Q1 mil 600 millones vinculados al pago de pensiones del Estado, Clases Pasivas Civiles
y el resto para hacer frente a los bonos de carbón, que sería la primera entrega.
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ATENDER NECESIDADES Y AMBIENTE EN EL CONGRESO
Se consultó al funcionario si el Ejecutivo solicitará que se apruebe de urgencia nacional, Menkos respondió que dependerá del Congreso de la República, pero comentó que es una necesidad sentida por todos los bloques legislativos, que aprobaron el presupuesto 2025 y «están consientes de llevar bienestar y tranquilidad a los pensionados y desarrollo».
Asimismo, el ministro de Finanzas dijo que si bien aspectos de transparencia para el uso de fondos desde los Codedes siguen vigentes, pero adicionalmente hacen estudios y «esfuerzos» que permitirán tener «tranquilidad» de la inversión y gasto en todas las entidades del Estado.
Por último, Menkos espera que dicha iniciativa de ley sea rápidamente conocida y analizada por los diputados, con quienes comparten el compromiso de encontrar soluciones que viabilicen y tener con tranquilidad a los pensionados y llevar recursos para proyectos de desarrollo a las comunidades.
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