El fenómeno económico de la privatización ilegal es real en las calles del país; al igual que, como lo han hecho los funcionarios y empleados de Gobiernos anteriores y municipales durante muchísimos años hueveándose el erario, hay personas que creen, se comportan, abusan, amenazan y hasta llegan a la violencia al ejercer el derecho que como habitantes del territorio nacional tienen, al utilizar los bienes de dominio público.
Los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial (artículo cuatrocientos cincuenta y ocho del Código Civil) así mismo, LOS BIENES NACIONALES DE USO COMÚN SON: PRIMERO: Las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean de propiedad privada; SEGUNDO: Los puertos, muelles, embarcaderos, pontones y demás obras de aprovechamiento general, construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades.
TERCERO: Las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y términos que fije la ley respectiva; los lagos y ríos navegables y flotables y sus riberas; los ríos vertientes y arroyos que sirven de límite territorial nacional; las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento industrial, en la forma que establece la ley de la materia; y las aguas no aprovechadas por particulares; y CUARTO: La zona marítima-terrestre de la república, la plataforma continental, el espacio aéreo y la estratósfera en la extensión y forma que determina la ley (artículo cuatrocientos cincuenta y ocho del Código Civil.)
En relación a las calles de las ciudades, existe una objetiva privatización por parte de los “cuidadores de carros”, quienes en franca multiplicación ahora se sienten amos y señores que instauraron sus feudos (áreas o espacio que controlan), los cuales alquilan por día o por semana y son literalmente los verdaderos dueños de las calles con su mercado de clientes cautivo.
Dependiendo de la zona, día, hora, colonia o adyacencia a edificios públicos, así será el cobro que el “usuario” debe pagar para estacionar su vehículo en la calle o dentro de instituciones educativas, con tarifas que van desde los cinco a los cincuenta quetzales y agreden física o verbalmente a quien no pague el “derecho a estacionamiento” que creen poseer.
Otros se roban el espacio público, aunque no “cobran” ni hacen negocio, pero las toman como suyas; instalando candados, botes con cemento, bancos, blocks, latas y cualquier objeto que indique de forma clara, contundente y sin equívocos espacio “no es de uso común”, que está reservado para uso privilegiado frente a sus residencias, negocios, iglesias, colegios, casas de comprensión y cariño, talleres mecánicos, comedores y otros lugares, por lo tanto, el mensaje subliminal es: “prohibido estacionar aquí”.
Los cuidadores pinchan llantas, quiebran vidrios, rayan la pintura y defienden con miopes argumentos su presunto derecho. ¿Qué hace la autoridad al respecto? La respuesta es: NADA. Cualquier persona pone objetos que le sirvan para “apartar” espacios, y no hay autoridad alguna que llegue a removerlos.
Urge recobrar los espacios públicos, educar a quienes en su infinita ignorancia creen que su propiedad se extiende desde su casa hasta la mitad de la calle y al resto de abusivos mencionados.
Es cierto que la necesidad los hace “trabajar” en esa forma para ganarse el pan diario, pero, también es cierto que, las autoridades municipales y del gobierno central deberían garantizar que ningún hijo de vecino coaccione de manera flagrante, abusiva y extorsionadora a quienes necesitan estacionar su vehículo en cualquiera de las calles o avenidas donde es permitido.
