La elección de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) tiene un impacto significativo en la administración de justicia en el país. La junta directiva es responsable de formar parte de las Comisiones de Postulación, que proponen candidatos para importantes cargos judiciales, como la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Además, participan en la designación del fiscal general y otros roles clave en el sistema judicial.
Las aguas se han movido, se han alborotado porque esta elección determina quiénes tendrán el poder de influir en la selección de jueces y fiscales, lo que a su vez afecta la integridad y la transparencia del sistema judicial. Hay personajes que su trabajo es ofrecer impunidad y por eso cobran muy bien como operadores “judiciales”.
La participación de los abogados en estas elecciones, es esencial para garantizar que los candidatos seleccionados actúen con independencia y ética. Algo que no ha ocurrido en los últimos años y que ha deteriorado la imagen del ente colegiado.
Los colegios profesionales, en los que por mandato todos los graduados universitarios tienen que inscribirse para poder ejercer su profesión, constituyen una parte muy importante del mundo de la academia, no solo por congregar a personas con preparación universitaria, sino porque legalmente en Guatemala tienen roles que desempeñar.
Cuando se pensó en rescatar ciertas actividades, como el control de las elecciones primero y luego el sistema de justicia, afectados por el manoseo de los “politiqueros”, se dispuso asignar un papel de vital importancia a varios de esos colegios en los procesos de postulación.
Lejos de alcanzar el objetivo planteado por nuestros constitucionalistas, lo que ocurrió fue la contaminación de la mayoría de la academia; colegios en los que antes se elegía por capacidad y prestigio de sus directivos, pasaron a ser escenario de jugadas en las que, para variar, cuenta mucho el interés personal para usar a los candidatos para comprar voluntades y que estas “dádivas” regresen con los votos necesarios para lograr sus objetivos.
El sistema de justicia, que debiera velar por la aplicación de la ley, lo han convertido en un mecanismo para garantizar impunidad y que los que se convierten en los “nuevos ricos” cada cuatro años, se logren salvar de sus fechorías que se quedan en el rincón de los abandonados, para que todos coincidamos en decir que en Guatemala como no pasa nada, sigamos haciendo lo que se nos antoja en prejuicio de otros.
Otros entes que también fueron “prostituidos” son las universidades que están inmersas en el combo de la política con la Constitución de 1985, que dejaron de cumplir con su función de ser centros de educación superior, espacios para la construcción de ciencia y tecnología, han aparecido como “pan caliente” porque también en puestos de poder y por esa razón es que vemos surgir casas de estudios que ni sede tienen para generar profesionales de calidad. Los títulos los venden como “pan caliente”.
Por lo anteriormente expuesto, el derecho es fundamental para mantener el orden social e impacta en toda la sociedad, porque sin justicia no hay paz. Un abogado tiene fe pública y su firma es palabra mayor, pero lamentablemente muchos han buscado un título para involucrarse en asuntos de dudosa reputación.
Esperemos hoy para ver qué pasa, espero que los profesionales del derecho acudan a elegir a sus nuevos representantes, los cuales en los últimos años han sido electos por tan solo el 20 por ciento del total de colegiados, un número poco representativo que demuestra no solo que hay apatía, sino que también existe una falta de conciencia del gremio de la abogacía, para dignificar su profesión.
