Mientras crece la indignación porque el gobierno de Maldonado Aguirre, jurista y constitucionalista, cometió la aberración de aprobar salarios mínimos no sólo diferenciados sino verdaderamente mínimos, no nos damos cuenta que ello ocurre porque Guatemala es un país de diferenciados en donde todos los privilegios, todas las oportunidades, todos los beneficios de vida de primer mundo, se concentran en pocos, mientras que los otros, los diferenciados, tienen que vivir con migajas y buscar, en el mejor de los casos, futuro en la migración.
Y como ocurre que los que acumulan privilegios son también los que deciden y marcan el rumbo del país, pues es natural que se recurra a aberraciones como esa de legalizar un salario de hambre que no alcanza ni para satisfacer necesidades básicas. Los empresarios dicen que el peor salario es el que no se tiene, y ello es cierto, pero el Estado no se puede convertir en cómplice, pasando sobre sus compromisos y obligaciones jurídicas internacionales, promoviendo al país como atractivo para los inversionistas porque aquí se permite pagar salarios de hambre.
Sería tanto como decir que el Estado está perdiendo oportunidades de promover crecimiento económico porque no promueve al país como un atractivo para el llamado turismo sexual porque desperdiciamos los recursos existentes y que el peor ingreso es el que no se tiene, lo que justificaría que se haga cualquier cosa con tal de tener dinero entre la bolsa.
Lo que tenemos que hacer es invertir en el desarrollo de nuestra gente para ofrecerles las herramientas que les permitan competir en un mercado de trabajo que se vuelve más exigente. Pero por años se ha sostenido la tesis de que la estabilidad política está amarrada a mantener a la masa ignorante para que no sea presa de teorías “revolucionarias”, como decía Ubico, y el precio lo tenemos que pagar con la dificultad para ofrecer mano de obra calificada. Y en vez de promover su desarrollo, lo que se propone es aprovecharlo para explotar al trabajador con sueldos que no son mínimos, sino miserables.
El Estado tiene obligación de promover el bien común y respetar la dignidad de las personas, no importa si son de un recóndito municipio o de la más encopetada colonia de la ciudad capital. Sin embargo, mientras alegan incapacidad para retrotraer pactos colectivos corruptos suscritos por gobernantes que sobornaron a la dirigencia sindical usando ese procedimiento, se ensañan con la gente más pobre asignándoles salarios de miseria. Y no debemos olvidar que para muchos el salario mínimo se vuelve sinónimo de salario tope o máximo, realidad que es patética en nuestro país.
