Miles de inmigrantes de escasos recursos en Estados Unidos han quedado sin acceso a asesoría legal en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump, lo que los hace aún más vulnerables a la deportación.
La orden ejecutiva emitida por la actual Administración canceló los fondos federales destinados a organizaciones civiles y humanitarias que brindaban orientación legal gratuita a migrantes detenidos en centros de detención y en cortes de inmigración.
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UN ATAQUE A LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES
Para Laura J. John, directora legal del Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, esta medida representa «un ataque total contra los migrantes, tanto contra los que llegan a la frontera como contra aquellos que ya viven aquí».
El Departamento de Justicia ordenó la suspensión de todos los contratos de servicios legales para inmigrantes, lo que incluye el Programa de Orientación Legal (LOP, por sus siglas en inglés). Esta decisión deja sin asistencia a miles de migrantes detenidos, quienes ahora deberán enfrentar solos procesos legales complejos en un sistema que desconocen.
John advirtió que, a diferencia de las cortes criminales, la ley migratoria de EE.UU. no garantiza el derecho a un abogado de oficio, por lo que la gran mayoría de los migrantes no cuenta con representación legal. Sin asesoría gratuita, las posibilidades de éxito en sus casos se reducen drásticamente.
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IMPACTO EN LOS MIGRANTES
El Proyecto Florence, que desde 1989 ha brindado servicios legales a migrantes en centros de detención y cortes en Arizona, subrayó que esta interrupción llega en un momento crítico, justo cuando el Gobierno de Trump ha intensificado las redadas masivas y las deportaciones.
Entre las funciones de esta organización estaba:
– Dar charlas informativas en centros de detención sobre derechos constitucionales.
– Explicar los procesos migratorios y los términos legales utilizados en las cortes.
– Preparar a los migrantes para sus audiencias ante jueces de inmigración.
Sin esta orientación, los migrantes quedan completamente desprotegidos ante un sistema legal que no entienden, en el que deben enfrentarse a jueces y fiscales sin apoyo alguno.
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COSTOS ELEVADOS Y BARRERAS LEGALES
Para los migrantes que buscan representación legal privada, los costos son prohibitivos. Ben Martínez, abogado de inmigración en Arizona, explicó que solo una consulta inicial con un abogado puede costar cientos de dólares, mientras que un caso completo puede ascender a miles de dólares en honorarios legales.
«No solo es el costo de representación, que puede ser de varios miles de dólares. En caso de que un juez otorgue una fianza, esta puede ser de entre 5,000 y 10,000 dólares por persona», explicó Martínez.
Además, el problema se agrava para los migrantes que no hablan español, sino lenguas indígenas u otros idiomas, ya que la falta de traductores adecuados dificulta aún más su defensa.
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BLOQUEO A ACCESO DE ABOGADOS EN CENTROS DE DETENCIÓN
Desde la emisión de la orden ejecutiva, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha comenzado a prohibir el acceso a abogados y representantes del Proyecto Florence en los centros de detención de Arizona.
Este programa, que había sido financiado por el Congreso de EE.UU. desde 2003 con apoyo bipartidista, se basaba en el trabajo que por décadas ha realizado esta organización en defensa de los derechos de los migrantes.
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PROTESTAS Y LLAMADOS A LA ACCIÓN
Ante la gravedad de la situación, el Proyecto Florence ha lanzado una campaña en redes sociales, pidiendo a los ciudadanos estadounidenses que contacten a sus congresistas y senadores para exigir la restitución de los fondos destinados a la asesoría legal de inmigrantes.
«Quitar estos pocos recursos a los migrantes es una grave injusticia», afirmó Laura J. John, insistiendo en la necesidad de que esta asistencia legal gratuita sea restaurada.
Durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), ya se habían implementado medidas de «cero tolerancia» que resultaron en la separación de familias en la frontera con México. En ese periodo, se registraron casos de niños migrantes de hasta dos años de edad compareciendo solos ante jueces de inmigración, sin intérpretes ni abogados.
El reciente recorte de fondos profundiza la crisis humanitaria que viven los migrantes en EE.UU., dejándolos aún más desprotegidos ante un sistema que, sin asesoría, se convierte en una barrera casi imposible de superar.
**Con información de EFE.
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