Al asumir Donald Trump, la presidencia de los Estados Unidos sus promesas de campaña en relación a la temática migratoria empezaron a visualizarse de la seriedad con que será tratado el tema, tornando un cambio drástico en una nueva realidad migratoria mostrada en la primera semana de asumir el cargo, al suscribir una serie de Órdenes Ejecutivas que contempla cambios profundos migratorios.
El segundo mandato presidencial de Trump al frente del gobierno de Estados Unidos mostró de forma inmediata el poner en marcha los planes de capturas y de deportaciones masivas, convocando a los miembros del ejército estadounidense a tareas de seguridad fronteriza e inmigración, imponiendo serias restricciones que prácticamente impiden el acceso al asilo en la frontera estadounidense y asumió la negación de la ciudadanía por derecho de nacimiento, siendo este un revés por parte de acción legal presentada por organizaciones inmigrantes y fiscales de 15 estados demócratas, quedando en suspenso mientras se dilucida en los tribunales y pueda llegar a la Corte Suprema.
Estos cambios del primer día, forman parte de una campaña destinada a crear conmoción y asombro dentro de cientos de miles de inmigrantes residentes en la Unión Americana, así como en los países de origen, que ha logrado impactar principalmente a nivel latinoamericano y representan acciones tempranas en una estrategia amplia para hacer girar la ley y la política de inmigración de Estados Unidos de manera que retoman y amplían el primer mandato de Trump, mostrando más firmeza en la nueva administración republicana.
Dentro de los principales cambios dados a conocer se incluyen:
- La declaración de una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos colindante con México, argumentando una invasión migratoria.
- Da cumplimiento a la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros, la cual está vigente desde 1789 y ha sido utilizada únicamente en 3 ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial, para facilitar las capturas de ciudadanos japoneses, italianos y alemanes para sus deportaciones.
- Proclamar que los menores nacidos en Estados Unidos con un padre inmigrante no autorizado no serán ciudadanos estadounidenses.
- Ordenar un cambio de la estrategia de la anterior administración Biden, con el objetivo de imponer orden en la frontera sur de Estados Unidos con México.
- Cierre de los programas de libertad condicional humanitaria conocido como Parole y de la aplicación CBP One utilizada para requerir citas a las autoridades migratorias para ingreso legal a un puerto de entrada de Estados Unidos.
- Detener en forma indefinida el reasentamiento de refugiados.
- Acciones de ampliación de las prioridades para la deportación de personas inmigrantes en situación irregular o ilegal en Estados Unidos.
Dentro de las acciones realizadas, muchas de ellas no tienen precedentes y su objetivo trazado por parte del nuevo gobierno presidido por Trump, lo que se percibe es marcar una ruptura radical con la administración Biden, principalmente en el tema migratorio.
Dar un mensaje claro de que las restricciones fronterizas para impedir el ingreso de flujos migrantes son de gran alcance y la creación de un entorno inhóspito dentro de los Estados Unidos, para los inmigrantes en situación irregular, como parte de las principales prioridades de la administración republicana, percepción que ha sido lograda con un serio impacto publicitario, reforzado por acciones de capturas de inmigrantes por parte de agentes de ICE, así como las primeras deportaciones efectuadas vía aérea en transporte militar, como fue el caso de 160 personas guatemaltecas retornadas el viernes último, que partieron del estado de una base militar ubicada en el estado de Texas.
El presidente Donald Trump y su equipo de trabajo, indudablemente se enfrentarán a importantes obstáculos de rechazo a las medidas promovidas, como ya se tiene en el caso de oponerse a la eliminación de la nacionalidad estadounidense por nacimiento por parte de Juez.
Así como de serias limitaciones de recursos, una impresionante cantidad de litigios a las acciones implementadas, así como la férrea resistencia de los fiscales, alcaldes de los estados y las ciudades santuario, aunado a el rechazo de los intereses de sectores empresariales, principalmente en la agricultura, construcción y servicios y la falta de cooperación de otros países.
Debo destacar que sin embargo, incluso si dentro de los principales componentes del plan antiinmigrante no llegarán a implementarse por acciones judiciales que deberán tomar tiempo en su resolución y que deberá llegar indudablemente a la Corte Suprema de Justicia, nunca se implementarán y las acciones seguramente crearán un clima de miedo dentro de la comunidad inmigrante en situación irregular, en la que algunos inmigrantes no autorizados se “autodeportarán” voluntariamente.
Y los posibles migrantes que parten de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, así como Ecuador, Haití, Cuba y Venezuela tomarán la decisión de no seguir avanzando en la ruta migratoria y de no partir de sus países, pensando en las medidas de imposibilidad de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y también de la contención que se lleve a cabo por el gobierno mexicano, desplegando al Ejército y Guardia Nacional apoyados por agentes del Instituto Nacional de Migración a lo largo del territorio mexicano, para impedir avancen los migrantes y evitar alcanzar la frontera sur de Estados Unidos, en perjuicio de la economía de la República mexicana al imponerse mayor impuesto a las importaciones y decidirán no emprender viaje en busca de Estados Unidos.
Cabe destacar que la administración ha estado en gran medida en silencio sobre los cambios al sistema de inmigración legal, aparte de detener el reasentamiento de refugiados, en una ruptura con el primer mandato de Trump.
El actual Congreso de Estados Unidos está liderado por los republicanos, quienes con el deseo de impulsar la agenda migratoria establecida y definida por parte de Donald Trump, cabe resaltar que el primer acto de los miembros que conforman el 119.º Congreso, han aprobado y enviado para suscribir por parte del presidente de dicho país, el primer proyecto de ley de aplicación de la ley migratoria considerado sumamente importante en 19 años, la Ley Laken Riley.
Dicha ley, establece que las autoridades realicen las detenciones a los no ciudadanos arrestados por ciertos delitos, así como permite a los fiscales generales estatales, el poder demandar al gobierno federal por la política migratoria.
No se conoce a ciencia cierta, si los miembros legisladores realmente apoyan la necesidad de un gran recurso de fondos, necesarios para lograr llevar a cabo tan amplia agenda migratoria del nuevo gobierno estadounidense.
En un estimativo del monto necesario para realizar las deportaciones masivas, por parte del zar de la frontera estadounidense, Tom Homan, costarían 86,000 millones de dólares, cifra que podría invertirse en los países expulsores de migrantes, para la generación de empleo y desarrollo, mermando con ello la migración hacia Estados Unidos y pudiendo considerar los inmigrantes, retornar a su país de origen.
Los gobiernos de Honduras, Guatemala, México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá, deberían preocuparse profundamente con el listado de más de 1,455,000 personas inmigrantes en el registro de no detenidos por parte de ICE, expedientes con órdenes finales de expulsión de Estados Unidos, cifras que se incrementan diariamente.
Del total de personas, en el caso de países antes citados, las cifras establecidas al 24 de noviembre del año pasado, eran: Honduras 261,651 personas; Guatemala con 253,413; México con 252,044; El Salvador con 203,822; Nicaragua 45,995, Costa Rica con 2,116, Belice con 899 y Panamá con 662 personas inmigrantes con órdenes finales de expulsión de la Unión Americana, esa es una realidad preocupante en la que deben trabajar los gobiernos y las serias consecuencias económicas, sociales que se deberán enfrentar y los cientos de miles de familiares que dependen del apoyo económico del envío de remesas para su sostenimiento.
Las cifras deben dar una panorámica de la movilización que se realizará a los primeros cuatro países expulsores de migrantes, tener los planes de acción por parte de las autoridades migratorias, para que sean atendidos consularmente en Estados Unidos, reforzamiento de personal para brindar asistencia y protección consular, que superará a funcionarios, debido al altísimo número de connacionales señalados con órdenes de deportación, aunado a quienes hayan sido rechazados de petición de asilo, así como quienes vayan siendo emitidas sus resoluciones ante las cortes migratorias estadounidenses.
Esta situación no es un problema de los gobiernos, es un problema muy serio de país, teniendo que integrar diferentes sectores para aportar ideas de solución a la situación grave que se vislumbra y que afectará a la población, de no hacerlo, el gobierno no podrá solventar todos los problemas, debe ser en una forma integral.
