La decisión de Trump de deportar a los migrantes “ilegales” impactará con fuerza nuestro país. Las razones de este impacto son, fundamentalmente, las siguientes: la cantidad de compatriotas que se encuentra en tal condición en los Estados Unidos; el altísimo porcentaje del PIB que constituyen las remesas que ellos envían; las economías familiares que son el destino de estas; el retorno de los migrantes a los territorios que los expulsaron porque no había opciones de vida para ellos y en general para quienes allí habitan.
Y todas esas condiciones no son responsabilidad directa de los Estados Unidos. Es producto de la existencia de territorios rezagados del desarrollo, que los convierte, como ya lo referí, en expulsores de su población.
Lo anterior significa que debemos entender la decisión del gobierno de Trump en el marco del ejercicio de su poder político a partir de que logró “vender” la visión xenofóbica al pueblo estadounidense.
Por consiguiente, considero que la respuesta del gobierno de Guatemala debe considerar tres dimensiones.
Primero, demandar el respeto a la dignidad de los repatriados. Gustavo Petro ha dado el ejemplo ante la denigración que el gobierno de Trump pretendió darles a los colombianos deportados. ¡Ellos no son delincuentes!
Segundo, recibir a nuestros migrantes como héroes en la lucha por la sobrevivencia de sus familias y su aporte a la economía nacional y familiar. Esto implica brindarles todas las atenciones posibles al recibirlos de vuelta a su patria. En esto, el gobierno de Bernardo Arévalo está haciendo su mejor esfuerzo.
Tercero, el gobierno progresista que encabeza Arévalo debe de asumir plenamente su responsabilidad de impulsar procesos de transformación estructural que permitan resolver las causas de fondo de la migración forzada, que están directamente relacionadas con la existencia de territorios expulsores de su población. Y estos son, fundamentalmente, los territorios rurales.
Para impulsar esa visión estratégica, el gobierno cuenta con tres instrumentos de política pública: el Acuerdo Agrario que hace un año el Presidente firmó con las organizaciones campesinas; la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) que es producto de los Acuerdos de Paz y está formalmente vigente (Acuerdo Gubernativo 196/2009); y la Política Agraria, también vigente (Acuerdo Gubernativo 372/2014), que debe abordar los temas de acceso a la tierra y de atención a la conflictividad.
Bernardo Arévalo ha dado muestras evidentes de su voluntad política de impulsar la transformación estructural del campo, entendiendo que este es un camino largo y gradual y que los obstáculos existentes para avanzar son muchos.
Lo debe hacer en un contexto político donde la lucha por la democracia y el rescate de la institucionalidad cooptada por las redes político criminales es prioritaria. Donde las élites empresariales son sensibles ante cualquier iniciativa que vaya en esa dirección porque identifican el desarrollo rural con la visión tradicional de reforma agraria a la cual le tienen un pánico irracional.
Y porque impulsar la transformación del área rural requiere de una visión multi e intersectorial en la implementación de las políticas públicas correspondientes, para lo cual es indispensable un gobierno cohesionado que impulse la articulación territorial de las mismas. Esta es una condición sine qua non y el insuficiente cumplimiento del meritorio Acuerdo Agrario firmado hace un año así lo demuestra.
En síntesis, ante la decisión de Trump sobre la deportación masiva de nuestros connacionales habrá que obrar con dignidad, pero con realismo, entendiendo el carácter transaccional que lo caracteriza (¿qué me das?, ¿qué te doy?). Pero, lo más estratégico, Bernardo Arévalo tiene la oportunidad de abordar con firmeza las razones estructurales que provocan el cruel fenómeno de la migración forzada.
