POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Representantes de organizaciones sociales denunciaron el posible cierre del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), cuyo objetivo es dignificar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno de Guatemala, debido a los recortes presupuestarios del que ha sido objeto en los últimos años y el aumento de reclamos por medidas de reparación individual y colectiva.
Miembros de la Red Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno y la Convergencia por los Derechos Humanos señalaron en conferencia de prensa, que el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), podría desaparecer debido a la crisis financiera que atraviesa el Estado de Guatemala.
Según los denunciantes, el PNR trabajará en el 2016 con una asignación presupuestaria de Q25 millones, una disminución drástica de recursos tomando en cuenta que en 2014, el Congreso aprobó Q104 millones para sus operaciones y este año, el presupuesto para resarcir a las víctimas de la guerra interna, ascendió a Q98 millones.
“En el actual período gubernamental, el presupuesto del Programa de Resarcimiento ha disminuido considerablemente, a la par de la capacidad de ejecutar los recursos asignados. Más bien, se ha convertido en una oficina de empleos donde no se han propiciado medidas significativas de reparación individual ni colectiva”, expresó Juan Pérez, de la Red Nacional de Víctimas.
Por su parte, Miguel Itzep, de la Convergencia por los Derechos Humanos, solicitó al presidente electo, Jimmy Morales, corregir las políticas de resarcimiento que se encuentran enmarcadas en los Acuerdos de Paz firmados en 1996 y otros convenios internacionales en materia de DD.HH., pues de lo contrario, se corre el riesgo de que se cierren nuevamente las ventanillas de crédito para Guatemala, como ocurrió en 2015.
“La denuncia ya fue presentada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También solicitamos la intervención del Procurador de los Derechos Humanos y de la comunidad internacional para que se incremente a Q300 millones el presupuesto del PNR y se continúe apoyando a las víctimas de la guerra y que buscan una reparación digna”, enfatizó el entrevistado.
Al respecto, Oscar Bautista, de la Secretaría de la Paz (Sepaz), también se mostró inconforme con el recorte de fondos del Programa Nacional de Resarcimiento, pero aclaró que el acuerdo gubernativo que dio vida al mismo establece que por lo menos el 90 por ciento del dinero se debe destinar a las acciones de resarcimiento, y el resto a gastos de funcionamiento.
“El problema es que habrá que recortar personal pero se está haciendo todo lo posible para que el 90 por ciento del resarcimiento se sostenga”, explicó el funcionario.
De acuerdo a las organizaciones sociales, fueron aproximadamente tres mil las comunidades afectadas por la guerra que duró casi 36 años en el país, las cuales han presentado hasta 54 mil 952 reclamos que constan en expedientes del PNR que incluye no solo el aspecto monetario, sino también apoyo a exhumaciones, inhumaciones, restitución de viviendas, certeza jurídica de terrenos, inversiones, resarcimiento cultural, reparación psicosocial y rehabilitación.
