El tema de la secta Lev Tahor, que se terminó asentando en Guatemala luego de haber sido objeto de persecución penal en otros países del mundo, incluyendo el mismo Estado de Israel, se ha convertido en un asunto delicado en el que los militantes del grupo reclaman “su derecho” a que les devuelvan a sus hijos, mientras las autoridades actúan de conformidad con la ley. La legislación guatemalteca es clara en cuanto a la protección de la niñez y la adolescencia para evitar que los padres o cualquier persona cometan abusos que les hagan daño y es cabalmente lo que provocó el allanamiento que permitió liberar a más de cien menores de edad.
La secta fue fundada por el israelita Shlomo Helbrans en 1988 y tiene unas cuantas centenas de miembros que comparten una convicción religiosa profunda que tiene que ver con temas de la vida diaria, como la forma en que visten y se alimentan, pero también en cuanto a cómo se forman las familias y mujeres menores de edad son obligadas a casarse con hombres mayores y al procrear hijos, ellos son indoctrinados para someterse a los dictados del líder de la comunidad.
En Guatemala, de conformidad con la ley, si un menor de edad es víctima de cualquier forma de violencia, no digamos sometido a la costumbre de abusar sexualmente él, el Estado tiene todas las facultades y, más que eso, la obligación de intervenir para otorgarle la protección necesaria para que cese el mal trato. Como ha documentado La Hora, desde 2018 se habían presentado seis denuncias contra la secta por el tema de abusos contra menores de edad y no fue sino hasta a finales del año pasado que el Ministerio Público, por fin, dispuso actuar Fuerte y Firme logrando la orden de allanamiento emitida por un juez.
Se trata de niños que legalmente ni siquiera existen porque los padres no los inscriben ante autoridad competente y que son objeto de muchos abusos que incluyen temas sexuales. Obviamente la Constitución establece la libertad de cultos y ello podría amparar de alguna manera a una secta extremista, pero ese emparo es imposible si dentro de las creencias de esa religión está la de tolerar y hasta fomentar los abusos contra menores de edad.
Ayer los supuestos padres de familia de los menores que el Estado de Guatemala protege, de acuerdo a las normas que no permiten abusos de cualquier tipo en contra de ellos, hicieron una manifestación frente a las instalaciones donde se encuentran resguardados y reclaman su derecho como padres para que les sean devueltos. Aparte de que ni siquiera se puede probar documentalmente quienes son los padres por falta de constancias del RENAP, el primer deber del Estado es darles protección a esos niños y adolescentes, obligación que resulta totalmente ineludible.
