El problema: Aunque los constituyentes ya fuimos electos con el Tribunal Supremo Electoral, cuando trasladamos la figura a la Constitución Política de la República de Guatemala conocida como la Constitución del 85, lo hicimos pensando en una entidad que realmente fuera autónoma, independiente y sobretodo garante del sistema Republicano fortalecido con esta democracia participativa.
Uno de los temas principales, si no es que tal vez el principal, fue alejar al Ministerio Público de la institución, porque resulta que antes del Tribunal Supremo Electoral, en el famoso Registro, manipulado por los gobiernos de turno, cada vez que se solicitaba la inscripción de un partido político, al primero que se le notificaba y se le daba participación era al Ministerio Público, el que inmediatamente entraba a analizar la conveniencia o no del partido, que además como un respaldo constitucional, tenía la capacidad de parar el trámite de cualquier partido sobre todo si era de tendencia socialista o izquierdista, lo que ahora llamamos progresista.
Se buscó una figura donde la participación de la población fuera total, no sólo en el tema de la transparencia, padrón electoral y el tema de que la población fuera el filtro, sino también para la creación de una institución pilar de nuestro sistema, que además de garantizar que no volviera a existir el fraude en este país, que fuera garante de la participación ciudadana, que era y sigue siendo la mejor forma de garantizar que el proceso sea puro, transparente y legítimo.
¿Qué pasó? Hemos manoseado tantas veces la ley Electoral y de Partidos Políticos, que provocamos una crisis agrandada gracias a la Reforma que exige que el presidente o presidenta de este tribunal ejerza sólo por un año y que al igual que la Corte de Constitucionalidad, el cargo lo vayan obteniendo de acuerdo a la edad, los de edad más avanzada de primero hasta la persona más joven de último.
El tema electoral ha sufrido de un desgaste totalmente planeado con ataques directos con acusaciones infundadas, pero con problemas que se discuten o se están tratando de dilucidar en los tribunales de justicia, que se han prestado a malas interpretaciones, y que se han traducido en manipulación de los procesos. Hoy sin ir tan lejos, cuatro de los cinco magistrados titulares están siendo juzgados en los tribunales por problemas aún no aclarados en las compras y contrataciones del último proceso electoral. Esto puso al frente del tribunal a la única magistrada titular que aunque estaba dentro de su periodo, este periodo se venció y la obligó a seguir ejerciendo el cargo bajo una serie de acusaciones infundadas y mucho menos basados en ley. Esta semana tuve el gusto de entrevistar a la Licda. Blanca Alfaro en ROBERTO ALEJOS PODCAST, quien nos explicó por qué tenía que seguir en el cargo de acuerdo al mandato legal y a los precedentes existentes.
NO SE VALE que la institución garante de la transición marcada con claridad en la Constitución Política, esté siendo desprestigiada, porque los magistrados suplentes quieren dirigir el tribunal sin una base legal y real. Estos argumentando de que un suplente puede sustituir al licenciado Gabriel Aguilera, quien no puede hacerse cargo de la presidencia, por estar suspendidas sus funciones por la investigación antes mencionada, pero como sólo queda en suspensión y no hay la obligación de renunciar al cargo, es imposible que un suplente, se vuelva a titular, si no es por nombramiento del Congreso de la República, y menos hacerse cargo de la institución, lo que los magistrados suplentes actuales han estado peleando ante la presidenta, que por no haberse acusada de abandono de cargo siguió ejerciendo.
YA ES HORA que dejemos de jugar con la interpretación de las leyes, porque lo que el licenciado Aguilera debió hacer desde un principio, era pedirle al juez que lleva su caso, que le levante la suspensión, para él poder tomar posesión del cargo. Ahora resulta que sí lo hizo y el juez no sólo a él, sino no a los otros tres magistrados les dio el mandato de regresar a ocupar sus puestos y ejercer su función, pero al poco tiempo, esa decisión es suspendida por estar bajo investigación el juez que le otorgó el permiso por decirlo así, de ejercer la presidencia.
Entonces ahora resulta que el licenciado Aguilera tomó posesión como presidente del tribunal basado en una resolución de un juez que ahora es cuestionado e investigado, y por lo tanto se debe dejar en suspenso cualquier decisión que hubiera tomado. Creando otra vez en un vacío, una importantísima incógnita en relación a qué decisión hay que tomar en estos casos.
Les sugiero vean el capítulo, pero más me atrevo a sugerir que como ciudadanos pongamos más atención a lo que está pasando en el país, porque para el momento que esa columna estaba siendo redactada, la incertidumbre en el Tribunal Supremo Electoral es enorme, y sólo viene a crear más incertidumbre en el sistema y en la clase política que nos hace sentir que cada día estamos más débiles, y que las reformas profundas deben llevarse a cabo lo más pronto posible antes de seguir haciendo más grande la crisis en la que estamos.
