Es trascendental que una fase del sector justicia, el área penal, que se considera la última en el cumplimiento del Estado al aplicar la ley y que por tradición se ha mantenido bajo el control de los reos que hacen y deshacen a su antojo, convirtiendo las instalaciones carcelarias en verdaderos centros de operaciones para las actividades criminales, reciba esta atención para intentar detener las prácticas tan corruptas y dañinas que se cometen por los privados de libertad.
La clave de todo lo que está sucediendo, es que el control y la jerarquía que, como ha quedado en evidencia, estaba en manos de un reo y su estructura, pasen a ser del total dominio de autoridades sometidas a la misma ley que les demandará cumplimiento y les castigará con severas medidas en caso que no cumplan.
Si esta oportunidad es desaprovechada y por falta de compromiso se permite que el control de los presidios se traslade a otro grupo de reos o se mantenga bajo el mismo esquema, se habrá perdido una ocasión especial de hacer cambios de los que verdaderamente necesita Guatemala.
Estamos ante otra gran prueba. ¿Será que era más correcto que entraran las autoridades ayer abriendo fuego para retomar el control de los presidios? La decisión ha sido la de utilizar el marco de la Ley como la herramienta para que se le pueda otorgar a los ciudadanos la tranquilidad de que se quiere tomar el control de los dominios penitenciarios. Quedará ahora en manos de los juzgados y las cortes demostrar al servicio de quién está la ley.
Pero lo más optimista es que se ha dado un golpe fuerte en coordinación entre CICIG, Ministerio Público y Ministerio de Gobernación, demostrando que sí hay posibilidad de empezar casos contra los poderes paralelos que nos han tenido de rodillas a los guatemaltecos.
La acción más importante, repetimos, será la de aprovechar esta oportunidad para retomar el control de los centros de detención y cumplimiento de condenas; así como demostrarles a los ciudadanos que la vía correcta es la de la aplicación de la ley. Ojalá notemos pronto que las decisiones ya no están en manos de los reos y que no hacían falta ejecuciones extrajudiciales para intentarlo.
