El tránsito en todo el territorio nacional se ha convertido en un serio problema, en el que los ciudadanos sufren enormes embotellamientos todos los días en diversos puntos y, además, se vive una condición de extrema inseguridad que provoca la muerte de muchas personas, según los reportes oficiales. Evidentemente la ausencia de un sistema de eficiente transporte público, no solo en el área metropolitana, es factor determinante porque obliga a que cada quien tenga que buscar sus propios mecanismos para desplazarse por maltrechas vías públicas, aumentando la cantidad de diversos vehículos en circulación.
A ello se suma también el deficiente sistema de control del transporte público que permite, en el caso de los buses con recorrido extraurbano, que se tramiten irregularmente las licencias sin que exista ningún interés por obligarlos a cumplir elementales requisitos como pueden ser el buen estado de las unidades y la debida capacitación de los pilotos. La Dirección General de Transportes evidenció recientemente cómo mediante sobornos se tramitan las licencias, lo que abrió la puerta para que empresas sin las debidas calificaciones asuman ese papel vital.
En la ciudad de Guatemala se viene hablando de un nuevo sistema de transporte que involucraría a los municipios del área metropolitana, como debe ser, pero el proceso discurre con la lentitud que se ha vuelto natural en los asuntos que no se mueven alrededor de intereses económicos particulares que, esos sí, aceleran el paso. Además de un Metro, proyecto que interesa al gobierno del presidente Arévalo, según ha expuesto en varias oportunidades, hace falta aumentar la cantidad de buses que puedan complementar la movilización más allá de las estaciones del Metro.
Los actores con más incidencia deben hacer los necesarios para que podamos unir esfuerzos y expeditar los procesos que permitan transparencia y celeridad en la implementación de más rutas con el nuevo sistema de transporte. Los buses rojos salieron de circulación porque, entre otras cosas, estaban siendo usados para traslados ilegales y, por lo tanto, debe ser un tema que enfrentemos juntos por el bien del país.
Se ha aprobado un conjunto de reformas a la Ley de Tránsito, pero es importante tomar en cuenta además temas como el de la infraestructura vial, las necesarias calificaciones para obtener o renovar licencias de conducir y el papel mismo de las autoridades de tránsito que se tienen que orientan más a la prevención que a la simple -y lucrativa- imposición de multas. Son demasiadas las vidas que se pierden por efecto de la anarquía que prevalece en el tránsito, donde parece ser que la regla que más se observa es que cada quien puede hacer lo que le da la gana, aunque ello repercuta tanto en el aumento de los embotellamientos como de los accidentes mortales.
Obviamente los municipios más poblados tienen mayor problema y la solución se complica exponencialmente, pero lo necesario es empezar ya a tomar las decisiones que son indispensables para empezar a revertir el efecto de esa anarquía provocada por irrespeto a las normas y por el inmanejable exceso en la cantidad de vehículos.
