Antes de iniciar con este artículo y sabedor del espíritu que deseaba darle, consulté en el DRAE el significado de varios sustantivos que me parecían de similar significado. Engaño, leí: falta de verdad, falsedad…; trampa: ardid para burlar o perjudicar a alguno; burla: poner en ridículo; embuste: mentira disfrazada con artificio…
Me quedo con “embuste” porque creo que es la expresión que mejor describe el tipo de farsa a la que deseo referirme; entendida la farsa como la confabulación, dispuesta con maña, con la que, finalmente, se perjudica a otro porque lo enreda y neutraliza en su capacidad de acción.
El caso de la pretendida acción organizada para generar elementos para incluir en una propuesta de reforma a la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), me parece paradigmático. Asunto que se puede -y, seguramente, se debe- analizar desde diferentes perspectivas, aunque, ahora, deseo abordar tan solo uno de los aspectos; uno que percibo como fundamental porque, a mi entender, refleja de manera importante la capacidad real de la sociedad civil nacional de articularse políticamente y saber incidir en su beneficio.
De manera sucinta, el “tal caso” se puede describir como el del ejercicio al cual se invitó a participar a la sociedad civil guatemalteca (organizaciones sociales, entre otras) para poder presentar propuestas de reformas a la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP); proceso al cual invitó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el marco de una instancia creada específicamente para el efecto (la Comisión para la Actualización y Modernización Electoral, CAME) y que derivó en una cuestionable propuesta de ley que, como el trámite lo establece: fue presentada, intervenida y sometida a un dictamen por parte de la Comisión de Asuntos Electorales. Esta es la versión que actualmente está a la espera de ser conocida por el Pleno para su discusión y sanción y la que provoca este artículo.
Sin necesidad de entrar en mayores detalles, deseo yo señalar dos aspectos que me parecen fundamentales y de los cuales la sociedad civil organizada debería aprender para futuras oportunidades (lo digo así pues, a estas alturas, ya no es posible pensar en ninguna otra dimensión).
La primera de ellas se refiere a la falta de perspicacia de aquellos que asumieron un papel dirigencial del proceso de la participación de la sociedad civil al no haber reflexionado, desde la propia realidad de la sociedad civil y sus intereses básicos, cuál era su principal objetivo de participación y si éste era alcanzable al tenor de la invitación formulada. Y digo “falta de perspicacia” porque, desde muy temprano, al conocerse el tenor del acuerdo de creación de la CAME, debió ser claro para todos que se trataba de un instrumento inviable al no ofrecer un espacio serio y razonable para la articulación de su voz. Un instrumento que, a mi criterio, debió saberse denunciar desde un principio.
Debo explicarme: a la sociedad civil le sucedió en este caso como en la historia de aquella gran fiesta que se deseaba realizar en el barrio y a la cual se invitó a todos los niños de la comunidad; con suficiente anticipación; ofreciéndoles que, ellos, como invitados, serían los que, organizadamente, podrían proponer la música, escoger los bocadillos a ofrecer, los juegos a disponer… pero sin hacer demasiado explícito que en las decisiones también tomarían parte los hijos de los verdaderos dueños de la fiesta (los niños/hijos del alcalde, de los concejales y hasta los del cura (¿), interesados en la venta de las comidas preparadas por sus familias y las bebidas clandestinas por ellos confeccionadas, en la contratación de sus propios conjuntos juveniles de música y hasta en la posibilidad de ofrecer juegos de ruleta y apuestas, cobijados ellos todos por autoridades permisivas…).
Volviendo al proceso de reforma de la LEPP, algo elemental es no haberse percatado que, en nuestro país, las dos principales visiones en términos de cómo se debe concebir y practicar la democracia son, por un lado, la de la población civil (que desearía gozar de los espacios suficientes para participar en los partidos políticos nominando los candidatos para los puestos de elección popular y no estar relegada a, simplemente, solo poder elegir y votar de entre los listados de los amigotes de los dueños de los partidos) y, por el otro, la de los partidos políticos (interesados en mantener el estatus quo al cual están acostumbrados, y aumentar prebendas y seguridades de diferente índole y, siempre, para sí mismos).
El anterior asunto debió haber motivado, desde un principio, un contundente reclamo en el sentido de exigir que el CAME fuera el espacio para la construcción de la perspectiva desde la población civil; una perspectiva auténtica que más tarde pudiera ser confrontada, en el seno del Congreso, con la perspectiva y los intereses de los “partidos políticos” (que, ¡ojo!, no es lo mismo que decir “la perspectiva de políticos individuales”, pues nos estamos refiriendo a “la perspectiva de la institucionalidad partidista existente”).
Para efectos de una dinámica enfocada al encuentro de fórmulas de organización política que sirvan a la democracia, lo anterior no es ninguna nimiedad: se trata de la necesidad de forzar a que exista y se conozca de manera amplia y clara en qué puntos el gremio de los partidos sostiene fórmulas distintas a las que reclama la población civil; para cuyo alcance es necesario provocar a que ese gremio lo haga explícito; que se note qué piensan y cómo lo hacen. Para lograrlo, resultaba imperativo que la propuesta de reforma que saliera de la CAME no saliera contaminada, desde allí, con las posiciones de los partidos políticos. Algo que, por falta de cuido, sucedió así; lamentablemente; y sin que se diera el más mínimo reclamo en ese sentido por parte de la sociedad civil. Salió contaminada y “parte sin novedad”.
También, muy lamentable, fue la manera en la cual la sociedad civil se dejó despojar de su papel como eventual expresión de la opinión política prevaleciente en el país porque se olvidó de tratar de identificarla y, eventualmente de construir a partir de la búsqueda de consensos. Se olvidó que era mucho más importante tener claridad sobre los Principios Generales -aunque fueran pocos-, que gozan de consenso; tener claridad sobre los grandes temas -aunque fueran unos pocos- que deberían abordarse y con cuál orientación… , y no necesariamente concentrarse en los detalles -a los que se les debe prestar atención pero en su momento, cuando las grandes líneas ya gozan de consenso-… y, como no se contaba con ello, se olvidó de la búsqueda de maneras de hacerse escuchar. Hacerse escuchar para hacer prevalecer los detalles no es la manera convencional de llevar a cabo el diálogo político. Generalmente, el proceso debe darse a la inversa.
Según mi particular manera de ver las cosas, punto primordial debería ser la demanda de la sociedad civil en el sentido de que, en una LEPP reformada, se considere el procedimiento de acometer la reforma de una ley de rango constitucional tan importante como esa, contemplando procedimientos serios y a la altura de lo que exige la técnica legislativa (como cuando la elaboración de varios de los códigos con los que se cuenta el país).
No creo que sea serio confiar en el perfeccionamiento de una ley tan compleja y básica como la LEPP dejándola a la espera de la producción de ocurrencias -por muy bien intencionadas que sean- pero sin ninguna orientación metodológica y, sobre todo, sin haber resuelto antes, y de una manera estudiada y seria, cuál es la Situación -Objetivo que debe buscarse para Guatemala mediante una LEPP. ¿En dónde quedaron los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos sociales? O será que creemos en una sociedad que debe ser ordenada exclusivamente por abogados (solo por el hecho de serlo) o congresistas sueltos, sin partidos, sin mandato…
Según mi particular manera de ver las cosas, si el proceso de reforma estuviera dispuesto de una manera seria y adecuada, seguramente el diseño de la normativa a contenerse en una nueva LEPP estaría mejor fundado y gozaría de mayor viabilidad por parte de los diferentes grupos de poder y de interés existentes en nuestro país. Además, sería mucho más esperable que las razones de sus varias intencionalidades no se mantuvieran ocultas, como sucede en la actualidad, con lo cual la sociedad civil organizada podría entablar más fácilmente un diálogo político consistente con los artífices de la propuesta. Un diálogo que sería de real beneficio nacional. No como ahora que, diálogo de fondo, no se da.
