Una de las grandes paradojas que hay en nuestro país es la forma en que se maneja la llamada Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia que se ha convertido en reducto para quienes han tenido influencias en los procesos de elección de magistrados en el país y, por lo tanto, jamás van a hacer propuestas que permitan un cambio efectivo para mejorar el sistema judicial.
Creemos seriamente que hace falta un esfuerzo real para modernizar la justicia y sacarla del marasmo en que se mantiene debido a la serie de pactos y arreglos que se hacen en los procesos de postulación y posteriormente de elección de los que tienen la enorme responsabilidad de aplicar la ley en forma objetiva y verdaderamente legal.
Las famosas comisiones de postulación, que pretendían arrebatar a los políticos el poder de controlar instancias como la de la justicia, terminaron provocando el manoseo de la academia y de los colegios profesionales que forman parte de tales comisiones. Tanto así que hasta procesos como la elección de Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala discurren en el marco de los intereses que giran alrededor de las famosas postulaciones y de esa cuenta es absolutamente imposible pensar siquiera en que Guatemala pueda realmente modernizar su sistema judicial.
Nombramientos como el de Alejandra Carrillo y Clara de Paiz para dirigir la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia son una clara muestra de para qué sirve y existe esa famosa instancia y explica la total ausencia de resultados que tiendan a rescatar algo que ha provocado el florecimiento del régimen de impunidad y de manipulación de la ley para absolver a los que son parte del sistema y perseguir a quienes tienen la osadía de criticarlo.
En el fondo lo que se está demostrando es que no hay el menor interés en modernizar y mejorar nuestra justicia, así como la enorme influencia y poder que siguen teniendo quienes han sido los grandes operadores de los grupos que manejan los procesos de postulación y de elección de los magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia.
Como decíamos ayer, el mandato tan claro y categórico que dieron los electores en las urnas el año pasado no tuvo el efecto que esperaba la ciudadanía y con cada vez mayor cinismo se reafirma el poder y el control que se sigue manteniendo para impedir que pueda haber una correcta aplicación de la ley.
