El Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras no presenta avances en la investigación por la construcción de un ‘búnker’ que el expresidente del Congreso de la República, Allan Rodríguez, autorizó sin presuntamente poseer ningún tipo de permiso por las instituciones que regulan las modificaciones a inmuebles catalogados como Patrimonio Cultural de la Nación.
El diputado Rodríguez fue uno de los hombres de confianza con los que el expresidente Alejandro Giammattei trabajó durante su administración. Ambos llegaron al poder con el partido Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS) y cuentan con una sanción del gobierno de EE. UU. por sus acciones antidemocráticas desde los cargos públicos para los que fueron electos.
El pasado 6 de marzo, el diputado del cancelado partido Movimiento Semilla, Samuel Pérez, dio a conocer que durante su corta permanencia como presidente del Congreso, en enero, encontró una especie de escondite que el congresista Rodríguez construyó en el despacho de la presidencia del Palacio Legislativo. La revelación fue acompañada de una denuncia penal.
📷 Un “bunker” bien protegido: obra de Allan Rodríguez en el Congreso no tiene avances en el MP
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— Diario La Hora (@lahoragt) December 22, 2024
SIN AVANCES
La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del MP está a cargo de la investigación por la clandestina construcción del búnker, pero hasta la fecha no ha dado a conocer ningún avance significativo sobre el caso ni ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirar la inmunidad que goza Rodríguez.
El jefe de esa fiscalía, Ángel Saúl Sánchez, lideró el cuestionado caso en donde se vinculó a varios miembros del partido Semilla de ser parte de la toma de las instalaciones de la Universidad San Carlos de Guatemala por emitir publicaciones a favor de la comunidad estudiantil que reclamaba la renuncia del rector Walter Mazariegos por llegar al cargo en un proceso fraudulento.
Incluso, el mismo fiscal Sánchez solicitó el retiro de inmunidad del entonces presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, en medio de un intento de golpe de Estado fraguado por el MP de Porras.
La Hora se comunicó con la Oficina de Información y Prensa del MP para conocer los avances de la investigación, pero no respondieron. Por su parte, el diputado Pérez indicó que “no hay ningún avance en la investigación desde que presenté la denuncia a principios de año”.
NO CONTABA CON PERMISOS
Para el 13 de marzo, el Ministerio de Cultura y Deportes por medio de un comunicado informó que las intervenciones hechas en el despacho presidencial del Congreso de la República no contaban con la debida autorización emitida por la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Nación, que establece la ley para la protección del mismo.
La cartera de Cultura detalló en el documento que el inmueble fue declarado como categoría Patrimonial «A», según el acuerdo ministerial 328-98, y fue declarado monumento mediante el Decreto Gubernativo 32-78 el 14 de junio de 1978.
Tanto el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Decorbic), del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, junto al Instituto de Antropología e Historia (Idaeh) realizaron la inspección del búnker.
Al finalizar la inspección, las autoridades indicaron que presentarían las denuncias correspondientes con el fin de deducir responsabilidades respecto a las remodelaciones realizadas.
‘EL BÚNKER’
El fuerte se construyó bajo la instrucción del diputado Rodríguez “con sus propios recursos, ya que el 21 de noviembre de 2020 y el 19 de octubre de 2021 el Congreso de la República fue atacado por enemigos de la democracia con la consigna de imponer la agenda globalista”, según consta en una placa dentro del búnker.
El diputado calificó de esa forma las protestas del 20N, cuando la ciudadanía protestó en contra de la aprobación del Congreso del presupuesto más alto de la historia, hasta ese momento, bajo la presidencia de Rodríguez. Ese noviembre de 2020, las instalaciones del Legislativo fueron prendidas en fuego.
Lo mismo ocurrió un año después, cuando militares en situación de retiro exigían agilizar el trámite para recibir Q120 mil de indemnización por sus servicios prestado al Estado durante el conflicto armado. Los veteranos dejaron vehículos quemados y destrozos en oficinas del Congreso.
Dentro del fuerte encontraron un mueble con varias gavetas, una copa de vino y un cofre. Rodríguez aseguró que ese espacio se utilizó como un espacio de “reflexión y oración”. Lo mismo dijo la diputada de VAMOS, Shirley Rivera, quien aseguró que cuando ella fue presidenta del Legislativo lo usó para “devocionales”.
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